(EL UNIVERSAL)
Las compañías aseguradoras buscan dar facilidades a los servidores públicos para contratar de manera individual o colectiva los seguros financieros que recibirían como prestación, los cuales fueron cancelados como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración federal.
El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) Recaredo Arias, dijo que si bien las autoridades federales buscan optimizar el gasto, debe valorarse la utilidad de los seguros cancelados (de gastos médicos y de separación individualizado) y dar facilidades a la burocracia para que puedan tener esa cobertura.
"Lo que se está buscando es que se mantengan esos seguros, que los pueden retomar las personas a través de compras individualizadas, pero buscando esquemas en donde, por ejemplo, se le siga tratando como una colectividad para tener unas buenas condiciones de precio y que se puedan mantener esquemas como el descuento por nómina", añadió en entrevista.
Apuntó que la cancelación de estos seguros, medida por la cual la administración pública ahorrará cinco mil millones de pesos, podría generar un incremento en la prima a cobrar cuando se conviertan en individual o desbordar la capacidad de las instituciones seguridad social que brinden atención médica a los servidores públicos.
Aunque esta decisión tendrá un impacto en las primas del sector, destacó que todavía se están haciendo esfuerzos tanto por parte de las compañías que tenían estos seguros como del resto, para ver cómo pueden mantener facilidades para que los empleados y funcionarios públicos los puedan adquirir.
Resaltó que estas dos prestaciones son muy valiosas, pues el seguro de gastos médicos es una alternativa a la atención que brindan las instituciones de seguridad social, cuya capacidad "estaba ya muy rebasada" y ahora podría haber un "efecto de desbordamiento" pues la burocracia tendrá que recurrir a ellos ante la cancelación del seguro privado.
En el caso del seguro de separación individualizado, expuso, es un esquema que sirve para tener un complemento a la pensión de los servidores públicos o bien que tengan una indemnización en caso de retiro de la institución en donde trabajaban.
Si el seguro de gastos médicos que tenía la burocracia de forma colectiva se convierte en individual, subiría la prima que se le venía cobrando a los servidores públicos, explicó el directivo de AMIS.
"Pero eso si se permite que se pueda manejar a estos grupos como colectividades, a lo mejor no ya la gran colectividad que antes era, pero sí dividirlo en diversas colectividades, esto será positivo".
En su opinión, para que los burócratas puedan contratar estos seguros financieros que recibían como prestación a nivel federal, podría buscar darse a grupos a lo mejor por secretarías o dependencias.
Así, recomendó a la burocracia que en la medida en que sus ingresos se lo permitan, encuentren la forma de seguir asegurados, ya que las aseguradoras están buscando ofrecerles esquemas que permitan a las personas tener esta cobertura.
Comentó que para la aseguradora que tenía el contrato de estos seguros (MetLife), su cancelación tiene un impacto en las primas que vendía pero "no demasiado grande", por lo cual esta decisión no afecta sus finanzas, además como cualquier compañía tiene reservas financieras para para pagar todas sus obligaciones.
Sobre la decisión que tomó la nueva administración de cancelar estos seguros, dijo que si bien estas prestaciones son muy valiosas para los trabajadores, debe tomarse como cualquier decisión de un comprador.
"El que comprar los seguros, ya sea una empresa, un particular, un gobierno está en todo su derecho de decir qué compra o qué nos compra y en qué invierte y gasta el dinero", subrayó Arias.
Reportan 4 mil amparos
A la fecha han sido presentadas tres mil 806 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de las cuales 618 fueron interpuestas en línea.
De acuerdo a datos del Poder Judicial de la Federación, hasta hoy suman 21 mil 409 quejosos, de los cuales 459 son jueces, 617 son magistrados, cinco mil 434 secretarios, mil 272 actuarios y seis mil 388 oficiales.
Asimismo, cuatro mil 776 externos de dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), de las comisiones federales de Competencia Económica (Cofece) y de Electricidad (CFE), de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Los quejosos contra dicha ley también son funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del Instituto Nacional Electoral (INE), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
También, del Banco de México (Banxico), del Centro de Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital General “Doctor Manuel Gea González”.
