La Unión Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) propondrá al gobierno federal la integración de un grupo de biólogos para la colaboración en la realización del estudio de impacto ambiental del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en el estado de México. (ARCHIVO)
La Unión Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) propondrá al gobierno federal la integración de un grupo de biólogos para la colaboración en la realización del estudio de impacto ambiental del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en el estado de México.
El presidente del organismo, Eduardo Sánchez Anaya, confirmó que será durante esta semana cuando se reúnan con integrantes de una comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que trabaja en el proyecto.
“Independientemente de la decisión política que se tomó en el aeropuerto de Santa Lucía, esta obra tiene que cumplir con toda la normatividad vigente, porque de acuerdo con la ley de estudios sobre suelo y medio ambiente se requieren de los análisis completos”.
Expuso en entrevista con Notimex que antes de que comenzara la obra en Texcoco del Nuevo Aeropuerto, la UNAI exigió que se contara con los estudios de impacto ambiental, para lo cual contrató a diferentes empresas y universidades, quienes trabajaron en el documento.
“No se puede empezar ninguna obra si se carece del estudio. Lo mismo estamos buscando para el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y en breve tendremos una reunión para entregar nuestra propuesta”.
La semana pasada, un juez federal concedió la suspensión definitiva de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en favor de residentes del municipio de Zumpango que, a través del colectivo #NoMásDerroches, promovieron una demanda de amparo en contra de la construcción de dicho aeropuerto.
La suspensión concedida por el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México obliga a las autoridades a abstenerse de la construcción hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente, ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir esa obra.
La medida cautelar busca proteger el medio ambiente y los bienes que sean considerados patrimonio arqueológico, histórico o paleontológico ubicados en la zona.
Tras reiterar su disposición de colaborar en dicho proyecto, el cual "lo deben de llevar a cabo especialistas", Sánchez Anaya comentó que durante la reunión con personal de la Sedena se analizarán los avances de los pre-estudios en materia ambiental.
Cabe recordar que la Sedena solicitó 885.5 millones de pesos para diferentes estudios en Santa Lucía, entre ellos, los relacionados con la geotecnia, topográficos y levantamiento de obstáculos.
A ellos se sumarían los de orografía, ambientales sobre riesgos, incluido el urbano y ruido, así como la elaboración y la validación de planes y programas y la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
De acuerdo con la ficha técnica de solicitud de los estudios, la MIA se realizaría en lo que resta del año.
