La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango emitió una medida precautoria por cortes. (EL SIGLO DE TORREÒN/EDITH GONZÁLEZ)
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango emitió una medida precautoria contra el Ayuntamiento de Lerdo, por los cortes de agua en planteles educativos como medida de presión para el pago del servicio.
Fue el pasado martes, cuando el personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), acudió a la secundaria Rafael Ramírez a cortar el suministro de agua, así como a otras siete instituciones educativas más, argumentando la falta de pago.
"No se puede privilegiar asuntos financieros económicos y violentar los derechos humanos de un grupo tan vulnerable como lo son los niños y las niñas, en la medida precautoria le pedí al presidente municipal (Homero Martínez) que revirtiera esa decisión para que les dotara de agua, porque les cortaron el agua y el drenaje, no es posible y vuelvo a reiterar que se privilegien las cuestiones económicas violentando los derechos humanos", señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz.
Dijo que considera que el presidente va a "recapacitar" sobre su decisión y "en un ámbito cordial, pero también enérgico, la protección de los derechos humanos que es mi postura, yo creo que va a haber un buen entendimiento " añadió.
Comentó que se deben buscar mecanismos para garantizar los pagos, pero no privar del vital líquido a los niños y las niñas, pues esta es una violación a sus derechos. Si el ayuntamiento de Lerdo hace caso omiso, entonces el trámite seguirá su curso y esto podría derivar en una recomendación.
Fue el pasado martes 3 de diciembre cuando la secundaria general Rafael Ramírez Castañeda y siete escuelas más, se quedaron sin el servicio de agua tras el corte aplicado por la paramunicipal, quien argumentó que la acción obedecía a una "medida de invitación" por un adeudo de las escuelas.
En respuesta, la Subsecretaría de Educación Región Laguna y la Sociedad de Padres de Familia interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, debido a que el acceso al agua potable y al saneamiento es reconocido como un derecho fundamental.
Autoridades educativas dijeron que existía un convenio firmado entre el Gobierno del Estado y el Sapal para el pago del servicio en una sola exhibición y que lo correspondiente a este año ya se había cubierto.
Sin embargo, el Ayuntamiento argumentó que el convenio había vencido y se tenía que renovar con la actual administración.
Después de dialogar se logró un acuerdo entre Secretaría de Finanzas de la SEP en el estado de Durango y Sapal, para reescribir el convenio con la nueva administración municipal y realizar un pago doble en los primeros días de enero 2020, además de instalar medidores volumétricos en cada centro escolar para conocer el gasto del vital líquido. Tras el acuerdo, se reanudó el servicio.
En la reunión estuvieron presentes por parte de la SEP, Omar Alberto Cortez Alvarado, director de administración y finanzas y Jesús López, secretario técnico; por el Ayuntamiento, estuvieron Carlos Taboada Álvarez, titular del departamento de comercialización del Sapal; así como Daniel Uribe Talamantes, contador general y Gerardo Lara Pérez, secretario técnico.
Decisión del Ayuntamiento
La semana pasada Sapal dejó sin agua a ocho instituciones de educación pública por falta de pago.
* La Subsecretaría de Educación en la Región Laguna y la Sociedad de Padres de Familia interpusieron una queja en contra del Sapal.
* Derechos Humanos de Durango emitió una medida precautoria contra esta acción.
* Si el ayuntamiento de Lerdo hace caso omiso, entonces la Comisión puede emitir una recomendación.
* Esperan que el alcalde 'recapacite sobre su decisión'.
