En estos días se celebra en España la reunión de la Conferencia de las Partes (COP25) en la que se reúnen 192 países del orbe para decidir las acciones que implementarán para enfrentar el Cambio Climático Global, la principal amenaza que se cierne sobre la especie humana, reunión que oscila entre la ambición y la esperanza, como la definió Patricia Espinoza, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Tal parece que las medidas acordadas en las anteriores reuniones, en particular la COP21 realizada en París en 2015, no se han cumplido suficientemente, por lo que la tendencia del calentamiento de la tierra y los océanos no ha podido contenerse como se planteó, de ahí que en esta cumbre se espera se definan acciones más ambiciosas. La presión que están ejerciendo las grandes movilizaciones ciudadanas se orientan a que se acuerden ese tipo de acciones y es donde se finca la esperanza de evitar se acentúe dicha tendencia.
Sin embargo, entre los principales países contribuyentes en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no parece haber la sensibilidad ante las implicaciones que traerá para el planeta un cambio en el clima, algunas de ellas posiblemente catastróficas, como si existiera un divorcio entre los grandes corporativos empresariales que las generan y los gobiernos con la realidad, de ahí que será la presión ciudadana el factor que incidirá en las decisiones que tomen sus accionistas y políticos sobre los cambios que deban implementarse en el manejo de sus actividades productivas y en la definición de políticas públicas que las regulen.
En México es preocupante la política energética implementada por el gobierno federal que le sigue apostando a los combustibles fósiles como principal fuente de generación de energía para abastecer a la economía y la población; la refinería Dos Bocas no parece ser la mejor alternativa para los próximos años, denotando una estrategia equivocada de transición energética en la medida que la apuesta por energías alternativas no constituye su prioridad, política que camina contra el curso de la historia. Solo la cancelación del fracking es un acierto, el cual debe concretarse con los cambios legislativos necesarios que aseguren su prohibición.
Para quienes vivimos en zonas desérticas la preocupación se centra en, por un lado, la variabilidad que presentan factores del clima como temperatura y precipitación, expresándose en fenómenos meteorológicos extremos que ya estamos observando y viviendo en los últimos años y, por el otro, en la previsión de que en un futuro próximo en promedio habrá un mayor número de temperaturas altas y pocas lluvias, asociados con sequías intensas. Particularmente, en regiones como La Laguna, insertas dentro del desierto Chihuahuense, se prevén condiciones de mayor estrés hídrico.
El problema es que ante la omisión que presentan los gobiernos federal y, sobre todo, los locales, de no diseñar y aplicar políticas públicas que nos permitan adaptarnos y mitigar ante los impactos del cambio climático donde vivimos, nos convertimos en poblaciones más vulnerables. No solo enfrentaremos las ocasionales precipitaciones o días más calurosos que ya vivimos, sino que los factores del clima presentarán otras constantes cuando se estabilicen los nuevos promedios, es decir, que la precipitación anual baje el promedio anual de los 240 mm o los 18 grados actuales.
Estaremos expuestos a condiciones de riesgo en las actividades agrícolas al modificarse los fotoperíodos de las plantas alterando su productividad y vulnerabilidad por la menor disponibilidad de agua, la incidencia de plagas y enfermedades será más difícil de controlar (cuestiones relevantes si consideramos que somos una región agropecuaria importante), mayor radiación solar que aumentará la incidencia de enfermedades en la piel y la dificultad para manejar las propias de los cambios de clima como las respiratorias y gastrointestinales, por mencionar algunos casos.
Cuando los ciudadanos reclamamos a nuestros gobernantes una movilidad sostenible en las ciudades no es un capricho, es la urgente necesidad de disminuir el uso de medios motorizados de traslado que son una de las dos fuentes principales de emisiones de CO2, o cuando cuestionamos la concentración de ganado en un espacio reducido estamos preocupados por la otra fuente importante de generación de metano, los principales GEI que contribuye al calentamiento de la tierra.
Pero lo más preocupante para los laguneros es la omisión gubernamental de resolver el grave problema del agua en la región, ya que si el pronóstico es un aumento en la temperatura y una menor disponibilidad de este recurso por el descenso en la precipitación, anticipa que no solo enfrentemos el problema de estrés hídrico, sino de seguridad hídrica, es decir, de asegurar el abasto de agua para la población. Es notoria la postura evasiva de nuestros gobernantes para enfrentar la recuperación del Acuífero Principal como alternativa que nos de esa seguridad hídrica futura, evasión que se refleja en buscar las alternativas menos acertadas como la potabilizadora de aguas superficiales.
Tal parece que, de manera similar a lo que ocurre a nivel global, seremos los ciudadanos laguneros quienes tendremos que incidir en la aplicación de medidas asertivas en la previsión y solución de los problemas que ya enfrentamos y que, de continuar ese divorcio entre nuestros gobernantes y la realidad en que vivimos, nos motivará para facilitar o no el ascenso a los cargos públicos de aquellos políticos que no se fuguen de esa realidad, condicionados a elaborar agendas que nos conduzcan no solo a obtener un crecimiento económico sin horizontes de vida claros, sino hacia un desarrollo sostenible. Es algo debemos ambicionar para tener esperanza.
