Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia vivieron crisis sociales y protestaron contra sus gobiernos. (EFE(
Octubre y noviembre de 2019 heredaron una de las más graves y profundas sacudidas y revueltas políticas y socioeconómicas de América Latina y el Caribe en la década de 2010. Todo detonó en Ecuador, con la decisión que el presidente Lenín Moreno adoptó a inicios de octubre de eliminar un subsidio de los combustibles y que, al provocar un violento estallido popular, se vio obligado a derogar.
La crisis contagió el 18 de ese mes a Chile, por el intento del mandatario chileno, Sebastián Piñera, de aumentar las tarifas del transporte e introducir otras medidas económicas, lo que generó una violenta reacción callejera de repudio. En otra complicación del escenario continental, las elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia desataron un agudo conflicto por la pretensión de Evo Morales de reelegirse para un cuarto periodo consecutivo.
Acusado de alentar un fraude electoral, Morales quedó acorralado por la hostilidad popular y opositora y, presionado por las cúpulas militares y policiales tuvo que dimitir el 10 de noviembre tras aceptar un veredicto de una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reveló numerosas irregularidades en los comicios. Evo advirtió repetidamente que fue víctima de un golpe de Estado.
El contagio de las dificultades hemisféricas atacó a Colombia, que el 21 de noviembre protagonizó el inicio de un paro nacional con violencia y en rechazo a las políticas socioeconómicas del presidente colombiano, Iván Duque.
Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia se sumaron a las dificultades que azotaron desde febrero a Haití, por la condena al presidente haitiano, Jovenel Moïse, por las denuncias de presunta corrupción política en un panorama de permanente inestabilidad política.
Las prolongadas crisis de los sistemas democráticos en Venezuela, por el constante acoso opositor en contra del cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en Nicaragua, con el incesante rechazo de la oposición al mandatario José Daniel Ortega atizaron el incendio del mapa latinoamericano y caribeño.
En el trasfondo emergió un dato inquietante. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que en un proceso que atizará la crisis migratoria hemisférica y agravará el fenómeno de desigualdad social que este año provocó violentos estallidos en varios países latinoamericanos y caribeños, la región sufrirá un aumento de 2018 a 2019 de la pobreza moderada, de 30.1 por ciento a 30.8 por ciento, y de la miseria extrema, de 10.7 por ciento a 11.5 por ciento.
La alerta de Cepal, entidad que integra el sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se tradujo en más desigualdad: 12.5 millones de nuevos pobres de 2018 a 2019 en América Latina y el Caribe.
El crecimiento de diversos rangos de pobreza sigue "la tendencia al alza que se registra desde 2015", precisó la Cepal, que instó a avanzar a "un nuevo pacto social que consolide acuerdos entre diversos actores, brindando legitimidad y solidez a políticas y reformas estructurales transformadoras en aras de una mayor igualdad".
En una zona que, según la División de Población de la ONU, cerrará 2019 con más de 660.3 millones de habitantes frente a 653.9 en 2018, la miseria extrema creció de 69.9 millones de habitantes a 75.9 millones y la moderada de 196.8 millones a 203.3 millones.
El monto total de pobres pasó de 266.7 millones a 279.2 millones, puntualizó, al describir parte de un contexto social en el que se registró el remezón de octubre y noviembre de 2019.
Argentina y Uruguay, de un extremo a otro
El mapa geopolítico del cono sur de América registró un severo cambio en 2019 tras las elecciones presidenciales del 27 de octubre en Argentina y del 24 de noviembre en Uruguay.
El opositor centroizquierdista Alberto Fernández derrotó en las urnas al derechista Mauricio Macri y le impidió su reelección, por lo que el 10 de este mes asumió la presidencia de Argentina, uno de los países gigantes de América Latina y el Caribe junto con México y Brasil. Con la ex presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner como su vicepresidenta, Fernández gobernará por cuatro años.
Uruguay, entretanto, también protagonizó un cambio, pero en sentido contrario: de la izquierda a la derecha, con la victoria del opositor Luis Alberto Lacalle, del derechista Partido Nacional, sobre el oficialista Daniel Martínez, del izquierdista Frente Amplio. Con el triunfo de Lacalle en segunda ronda, el Frente concluirá en 2020 un periodo de 15 años de control consecutivo de la presidencia de Uruguay que comenzaron en 2005 con Tabaré Vásquez, prosiguieron en 2010 con José Mujica y continuaron en 2015 de nuevo con Vásquez. Lacalle asumirá el 1 de marzo próximo.
La variante registrada en Buenos Aires y la que ocurrirá en Montevideo podrían repercutir en otros escenarios de inquietud hemisférica, como en Venezuela. El cuestionado gobierno de Caracas perdió a un aliado en Uruguay, pero ganó uno en Argentina, porque Macri se unió en enero de este año a numerosos países americanos que desconocieron a Nicolás Maduro como presidente, tras aducir que se reeligió en 2018 en comicios ilegítimos. Tras proclamarse presidente electo, Lacalle acusó a Maduro de ser un dictador. También se produjeron cambios de gobierno en Brasil y Bolivia. En medio de una turbulencia política, Evo Morales renunció el 10 de noviembre a la presidencia boliviana; el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió el 1 de enero la de Brasil.
Evo colocó a México en un dilema internacional
Evo Morales marcó en 2019 uno de los principales episodios de la política exterior de México en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La crisis política boliviana se recrudeció luego de que Morales anunció sorpresivamente el 10 de noviembre que dimitiría de la presidencia del país y el 12 de ese mes se acogió al asilo político que le dio México, tras más de tres semanas de conflictos por las denuncias opositoras de que hizo fraude para reelegirse para un cuarto periodo consecutivo en los comicios del pasado 20 de octubre.
Siendo todavía mandatario, Morales informó el 10 del mes pasado que convocaría a unas nuevas elecciones y después reveló que dimitió a su cargo, presionado por las cúpulas militares y policiales de Bolivia, y cercado por las protestas populares en su contra.
Morales, cuyo tercer mandato debería de concluir el próximo 22 de enero, aceptó repetir los comicios tras conocer una auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que en la consulta del 20 de octubre hubo reiteradas irregularidades.
Al asilarse en México, Morales colocó a la política exterior mexicana ante un desafío. El gobierno federal dio por válido el alegato de Morales acerca de un golpe de Estado en su contra y le permitió desarrollar actividades políticas, pese a que López Obrador ratificó su apego a la Doctrina Estrada.
Convertida desde la década de 1930 en la pieza central de la política exterior mexicana, la doctrina promueve la no intervención en asuntos internos de otros Estados, la libre autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias.
En una entrevista con la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, aseguró que López Obrador apoyó a Morales “sin darse cuenta de que con ello desestabiliza enormemente el Estado de derecho y la democracia” en ese país sudamericano.
Evo viajó el 6 de este mes de México a Cuba y el 12 a Argentina, donde se acogió a refugio y se despojó de la condición de asilado político en suelo mexicano.
Longaric argumentó que “la posición del presidente López Obrador no está guiada por principios de ética, sino más bien por afinidades políticas en detrimento del interés mayor de los pueblos”.
México se negó a reconocer a la proclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, quien asumió el 12 de noviembre para finalizar el mandato de Morales, en lo que agudizó las tensiones diplomáticas entre los dos países.
