Los abogados que supuestamente defenderían al exmando no se han acreditado ante la Corte.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que tiene "evidencia voluminosa" contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por lo que pidió a un juez federal de Brooklyn clasificar como complejo el proceso contra el exfuncionario mexicano.
La defensa de García Luna dio a entender que su cliente podría requerir defensores de oficio y apoyó al clasificar el caso como complejo, con lo que la etapa de descubrimiento probatorio previa al juicio con jurado podría prolongarse durante meses o años.
"El Gobierno espera producir evidencia voluminosa sobre la conducta del acusado, que abarca casi dos décadas. La evidencia incluye, pero no se limita, a registros financieros, inmobiliarios y de naturalización, pruebas aseguradas, evidencia obtenida de otros países, y evidencia recuperada de dispositivos electrónicos confiscados", explicó el Fiscal Michael Robotti en una carta presentada ayer al juez Brian Cogan.
En años recientes, todos los casos relevantes contra acusados mexicanos por corrupción y narcotráfico en Estados Unidos han sido clasificados como complejos, con lo que no aplican los plazos ordinarios para desahogar un proceso penal.
García Luna comparecerá ante Cogan el 21 de enero. Las partes pidieron que la siguiente audiencia se agende para al menos 60 días después, a finales de marzo.
Hasta ahora, los abogados del despacho Quinn Emanuel, que supuestamente defenderían al exmando, no se han acreditado ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York.
El acusado podría no estar en condiciones de pagar sus elevados honorarios, pues sus cuentas bancarias han sido bloqueadas.
César de Castro es el litigante que ha representado a García Luna desde su traslado a Nueva York el 3 de enero.
La carta de ayer menciona que, en la audiencia del martes, las partes "pondrán al corriente" al juez sobre "la elegibilidad del acusado para que le sea asignado un defensor en términos de la Ley de Justicia Criminal".
Esta norma regula la asignación de defensores públicos ante las cortes federales estadounidenses.
Un caso como el de García Luna, que implica la revisión de miles de documentos y, probablemente, decenas o cientos de testimonios, podría ser demasiado complejo para una oficina de defensoría pública, pues usualmente este tipo de acusados tienen abogados privados.
De hecho, la fiscalía también mencionó que es previsible que el caso involucre litigios paralelos en materia de procedimientos de clasificación de información, es decir, el exsecretario podría requerir acceso a documentos que el Gobierno considera reservados.
