Los magistrados del TFJA determinaron que la sentencia está apegada a derecho. (ARCHIVO)
Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que es válida la sanción impuesta en mayo de 2019 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), consistente en inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos públicos.
En sesión pública, con ocho votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, los magistrados de la Sala Superior del TFJA determinaron que la inhabilitación en contra del extitular de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto "está apegada a derecho" y, por ende, se mantiene en firme en tanto no haya una resolución en contrario.
En virtud de la relevancia del caso, el juicio fue atraído por la Sala Superior del TFJA desde la Tercera Sala Regional Metropolitana, donde fue presentado originalmente.
Ante esta resolución, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, calificó como "histórica" esta decisión del Tribunal, debido a que es la primera vez que la dependencia inhabilita a un director general de una empresa productiva del Estado, como Pemex.
"La confirmación de esta sanción es histórica, al ser la primera ocasión que la Función Pública inhabilita a un extitular de la empresa productiva del Estado, lo que es una muestra de la imparcialidad, rigor y apego a la ley con el que esta dependencia realiza su trabajo para garantizar un gobierno honesto y efectivo", indicó.
La sanción contra Lozoya Austin, quien es buscado por autoridades judiciales, derivó de investigaciones que realizó la SFP al encontrar que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial, al haber omitido, en más de una ocasión una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.
La SFP manifestó que esta sanción se suma a las acciones de combate a la corrupción y a la impunidad que ha realizado la dependencia federal, entre las que se encuentran la inhabilitación de Rosario Robles, extitular de la Sedatu; la destitución del directivo de una filial de Pemex y multas resarcitorias por más de 7 mil 700 millones de pesos.
