Los grupos armados operativos en Colombia, además, deben respetar la integridad del personal médico, sanitario y humanitario. (ARCHIVO)
La OEA lamentó este domingo los asesinatos de al menos ocho activistas sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación en Colombia, perpetrados la semana pasada a pesar de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) repudió la ejecución de Carlota Salinas, en el sur de Bolívar; Marco Rivadeneira, en el Putumayo; Ángel Ovidio Quintero, en Antioquia; Omar y Ernesto Guasimura, indígenas emberá del Valle del Cauca, y tres personas en proceso de reincorporación en Meta.
"En estas horas difíciles reiteramos la exigencia a los grupos armados ilegales a cesar todo tipo de afectación contra la población civil, la infraestructura y el ambiente", solicitó la MAPP/OEA en un pronunciamiento.
Además, el Estado colombiano debe multiplicar las medidas de prevención y protección de líderes sociales y la población civil que habita zonas fuertemente impactadas por la violencia y la inequidad, reconociendo su preocupación y las diversas iniciativas implementadas al respecto hasta la fecha, estimó la misión interamericana.
Los gobiernos nacionales, regionales y locales deben ampliar las medidas para prevenir y contrarrestar los efectos del virus, urgió la MAPP y requirió que las autoridades dispongan recursos y acciones para atender a las poblaciones vulnerables tanto por el virus como por los efectos de la violencia y la desigualdad.
Los grupos armados operativos en Colombia, además, deben respetar la integridad del personal médico, sanitario y humanitario, ya sea del sector público o el privado, que trabaja de manera incansable para afrontar la emergencia sanitaria, apuntó la misión de la OEA.
"Este es un clamor de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional", añadió la MAPP.
Además, convocó a la sociedad colombiana en conjunto a sumarse a la priorización de la convivencia pacífica, el bien colectivo, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales ante los desafíos en el país por la violencia y la propagación del virus.
URGEN A MAYOR INFORMAICÓN EN BOLIVIA
La información oficial sobre las limitaciones del sistema de salud en Bolivia para hacer frente a la pandemia de coronavirus es escasa, acusó este domingo la Defensoría del Pueblo.
El gobierno de Jeanine Áñez ha detallado poco la adquisición de respiradores mecánicos, la cantidad de unidades de terapia intensiva disponibles, la provisión de reactivos e insumos para detectar o testear el COVID-19 o la proyección de contagios en el territorio nacional, lamentó el organismo en un comunicado.
El gobierno no está siendo claro de cara a la población y su información es limitada en lo referente a políticas de prevención, contención, tratamiento y transición ante la pandemia, reprochó Nadia Cruz, titular de la Defensoría.
"La información que se brinda es descriptiva e incide en comunicar, básicamente, el aumento diario de casos", añadió la defensora, lo que no sólo limita el derecho a la información de los bolivianos, sino también el derecho a la salud, pues la falta de datos genera confusión entre la gente e implica falta de previsión ante la enfermedad.
La Defensoría recordó que Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aseguró que los países con sistemas de salud más débiles conllevan un mayor riesgo ante el COVID-19, entre los que identificó a Bolivia, Paraguay, Venezuela, Nicaraga, Honduras, Guatemala, Surinam Guyana, Haití y otras islas del Caribe.
COLAPSO EN EL SISTEMA
Nadia Cruz alertó que la capacidad resolutiva ante el coronavirus podría llevar al colapso de los hospitales en un tiempo relativamente corto, que no alcanzará para implementar espacios alternos para albergar a los pacientes afectados por el virus.
"Hay que estar conscientes que la demanda de la población supera la capacidad instalada en los hospitales a nivel nacional, por loq ue se hace urgente que el gobierno habilite espacios, incremente la cantidad de camas y personal de salud", apuntó Cruz.
"El gobierno debe asegurar la protección del personal médico y de salud que se encuentra haciendo frente a la coronavirus en el país, y dotar con urgencia de los equipos de bioseguridad e insumos necesarios para cuidar la salud de estos profesionales".
Es indispensable, además, estimó Cruz, que el gobierno nacional y las autoridades departamentales coordinen acciones de prevención y control para cumplir con las medidas y restricciones poblacionales necesarias en la contención del virus.
"Además, considerar la estructura orgánica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a través de un diálogo horizontal donde prime la información de contenidos y no solamente amenazas sobre consecuencias latentes", abundó la Defensoría.
