El Gobierno prevé 'inundar' el mercado con pruebas antes del otoño, época en que el COVID podría agravar la temporada de influenza. (EFE)
La Casa Blanca preparaba el lunes nuevas directrices para las pruebas de coronavirus y reabría negocios mientras intentaba pisar firme de nuevo tras semanas de críticas surgidas en parte por incidentes secundarios protagonizados por el presidente Donald Trump, quien de todas formas parecía reacio a ceder los reflectores e insistía en dar una conferencia de prensa.
Dentro de la iniciativa para establecer las normativas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se preparaban para emitir nuevas prioridades para la realización de pruebas, incluyendo a personas asintomáticas que se encuentren en ambientes de alto riesgo.
La Casa Blanca estaba dando a conocer lo que dijo es un resumen integral de sus labores para proporcionar pruebas suficientes de COVID-19 a fin de que los estados puedan tomar muestras a cuando menos 2.6% de su población por mes. Trump y expertos médicos del Gobierno esbozaron el plan en una llamada telefónica con gobernadores el lunes por la tarde.
Las medidas fueron anunciadas mientras la Casa Blanca trata de cambiar su estrategia después de una caída en el apoyo público al presidente. Lo que había sido su punto más fuerte en la campaña de reelección -su capacidad de acaparar la atención con actuaciones espontáneas en sus sesiones informativas diarias en la Casa Blanca- está siendo considerado cada vez más un lastre.
Al mismo tiempo, un sondeo del Partido Republicano reveló que el camino de Trump hacia la reelección dependerá de la percepción del público sobre qué tan pronto se recupera la economía de los cierres decretados estado por estado para frenar la propagación del coronavirus.
Días después de haber desatado una tormenta al declarar que los científicos deberían analizar la posibilidad de usar una inyección de desinfectantes para curar el el virus, Trump dijo que le parecía de poca utilidad realizar sus sesiones informativas diarias, en las cuales ha discutido reiteradamente con expertos médicos y reporteros. Sus asesores han tratado de guiarlo hacia un tema con el que está más familiarizado y que ellos consideran más seguro: la economía, en un ambiente más controlado.
Pero horas después de que la Casa Blanca eliminó la sesión informativa nocturna de su programa de actividades oficiales, cambió de parecer.
"La Casa Blanca tiene normas sobre pruebas adicionales y otros anuncios sobre cómo lograr la reapertura económica de Estados Unidos de forma segura. El presidente Trump informará a la nación en una conferencia de prensa esta noche", tuiteó la vocera de la residencia presidencial, Kayleigh McEnany.
McEnany había dicho previamente que Trump no ofrecería su sesión informativa y que en lugar de ello se reuniría con ejecutivos de empresas minoristas. Agregó que las sesiones se reanudarían en la semana "pero podría ser que tengan un aspecto distinto, que tengan otro enfoque".
"Estamos entrando en una fase en que estamos examinando la posibilidad de reabrir el país y en ese sentido, el presidente se enfocará mucho en la economía", indicó la funcionaria.
Entre los anuncios estarían nuevas directrices para los estados. Incluyen métodos para supervisar las pruebas y programas de "respuesta rápida" para aislar a quienes den positivo e identificar a las personas con quienes estuvieron en contacto.
El Gobierno prevé "inundar" el mercado con pruebas antes del otoño, época en que, según científicos, el COVID-19 podría agravar la temporada de influenza.
Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido muchas de sus promesas y metas anteriores sobre las pruebas.
Vigilará EUA que medidas sean constitucionales
El secretario de Justicia William Barr instruyó el lunes a los fiscales federales de todo Estados Unidos que identifiquen las restricciones impuestas por gobiernos estatales y locales a causa del coronavirus “que puedan estar violando los derechos constitucionales y libertades civiles de los ciudadanos”.
El memorándum dirigido a los fiscales federales ordena al director de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia y al secretario de Justicia para el Distrito Este de Michigan que coordinen las labores de la dependencia para supervisar las políticas estatales y locales y tomar medidas en caso de ser necesario.
“Si una ordenanza estatal o local cruza la línea entre un ejercicio de autoridad adecuado para frenar la propagación del COVID-19 y una violación autoritaria de las protecciones constitucionales y estatutarias, el Departamento de Justicia podría estar obligado a abordar esa extralimitación en un tribunal federal”, señala el memo.
El memorándum de Barr se emitió dos semanas después de que el Departamento de Justicia presentó una declaración de interés en un caso civil en Mississippi, alineándose con una iglesia cristiana donde las autoridades locales habían tratado de impedir la transmisión de servicios religiosos de Semana Santa a los fieles sentados en sus automóviles en el estacionamiento.
La directriz surge en momentos en los que muchas órdenes de permanecer en casa expirarán, y en los que los gobernadores ansiosos de rescatar sus economías se aprestan a reducir las restricciones implementadas para controlar la propagación del coronavirus, incluso cuando emergen nuevas zonas con muchos casos y los expertos advierten que moverse demasiado rápido podría resultar desastroso.
Al mismo tiempo, han surgido manifestaciones contra las órdenes de permanecer en casa, y en las últimas semanas el presidente Donald Trump ha exhortado a sus simpatizantes a “liberar” tres estados gobernados por demócratas.
