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Pacto federal

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

En días pasados, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, convocaron a una reunión para construir acuerdos entre sí y con los empresarios de sus respectivos estados, tendientes a enfrentar la pandemia que azota a nuestro país y al mundo entero. Al evento se sumaron Durango y Michoacán, e integraron un grupo que incluye gobernadores del PRI, PAN y PRD, así como uno de ellos que llegó como candidato independiente.

En la reunión se trató el tema relativo al dinero público disponible para enfrentar la crisis de salud y económica que plantea la pandemia y concluyeron en diversos acuerdos, entre los que se encuentra el exigir al presidente López Obrador revisar el actual pacto fiscal de la Federación, que tiene una antigüedad de cuarenta y dos años, y data del sexenio de José López Portillo. Los gobernadores en cita consideran que dicho pacto es centralista e injusto para las entidades federativas, en la medida en que de cada peso que aportan solo regresan diez centavos a los estados y cinco centavos a los municipios.

El resto de los recursos quedan en manos de la Federación, que los invierte en objetivos que si bien presumen la intención de contribuir al desarrollo nacional en su conjunto, están sujetos a la administración central que decide la naturaleza y ubicación específicos de los proyectos de que se trata. El control sobre los recursos a lo largo de la historia, ha permitido al Presidente en turno administrar los programas sociales, así como la inversión en favor o en detrimento de cada estado, para premiar lealtades o castigar antagonismos, lo que constituye una forma de control político ejercido bajo el lema: "como veo doy".

Los gobernadores tienen razón en proponer una revisión al pacto fiscal de la Federación, porque una administración férreamente centralizada como la expuesta, corresponde a la estructura autoritaria de un gobierno de partido de estado, como el que imperaba en 1978. Sin embargo llama la atención que durante el proceso democrático que ha tenido lugar en los últimos años, que implicó dos veces la alternancia de partidos en el ejercicio del poder a nivel presidencial, ninguno de los protagonistas del sistema, ni desde la presidencia ni desde la oposición, hicieron lo necesario para dejar atrás el injusto pacto fiscal de referencia, lo que acusa una inmadurez política y social, que es urgente superar.

El Presidente que llegó más lejos a ese respecto fue Vicente Fox, que aprovechando los altos precios internacionales del petróleo que imperaron en su día, distribuyó entre los Estados los ingresos excedentes. La bonanza impulsó el desarrollo, pero en los estados gobernados por priistas, como es el caso de Coahuila en tiempos de los Moreira, surgieron gobiernos autoritarios y corruptos (Rubén y Humberto Moreira, Javier Duarte, César Duarte, Rodrigo Medina, Tomas Yarrington, etcétera), que recrearon corregido y aumentado el viejo sistema de partido de estado a nivel local, dispusieron del dinero público como si fuera suyo, y lo desviaron para financiar el regreso del PRI a los Pinos, lo que llevó a nuestro sistema político a los más altos índices de corrupción en la historia.

El PRI nunca hizo nada por cambiar el pacto fiscal porque acariciaba la regeneración del viejo sistema, y el PRD se limitó a negociar cada sexenio el presupuesto de la ciudad de México; en la mayoría de los casos los gobiernos locales administraron los recursos de manera arbitraria y por lo que hace al Estado de Coahuila, la opacidad continúa hasta la fecha. Lo anterior sugiere que los gobernadores que piden la revisión del pacto fiscal, tendrán que operar un milagro para obtener para su causa el apoyo de una ciudadanía sumida en la desconfianza y el escepticismo, y en superar las diferencias radicales que los separan entre sí, dada la diversidad de los intereses que cada uno de ellos representa.

Por su parte, en virtud de que López Obrador en su origen y estilo es un priista de viejo cuño, de tiempos de López Portillo, es fácil prever que enfrentará el reto negociando por separado con cada gobernador reclamante, en base a la receta clásica "divide et impera" es decir, divide y vencerás.

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