El anuncio por parte del Gobierno de Coahuila, en el sentido de que el titular del Ejecutivo emitirá un nuevo decreto que endurecerá las medidas para enfrentar la propagación del COVID-19 debe ser matizado, porque al insistir en el uso de la fuerza pública, parece un golpe de propaganda con el que Miguel Riquelme buscar posicionarse en la agenda mediática.
Es evidente que con independencia de lo que diga nuestra Constitución, la sociedad y el estado mexicano tienen concertado para enfrentar la pandemia, un pacto no escrito en virtud del cual, la situación de emergencia sanitaria es percibida en su gravedad, como una realidad a enfrentar juntos y de común acuerdo. En un principio fue la propia sociedad a través de decisiones asumidas en el seno de organismos intermedios, la que tomó la iniciativa de convocar a la reclusión domiciliaria y restringir actividades como ocurrió en el caso de las escuelas particulares, que se adelantaron al decreto de suspensión de clases en las escuelas públicas.
En cuanto al objetivo también existe un acuerdo, respecto a que el reto consiste en aplanar la curva de contagio masivo y hacer más lento el ritmo de propagación, con el propósito de evitar que la proliferación de casos, rebase la capacidad hospitalaria del sistema nacional de salud, en aras de salvar al mayor número posible de vidas humanas. A esa luz ha sido positiva la respuesta de la sociedad en lo general, aunque por excepción existan personas en desacato de lo que aconsejan las recomendaciones de la autoridad y la elemental prudencia.
Es menester señalar que los decretos dictados a la fecha carecen de validez constitucional, porque ninguno de ellos ha sido emitido en el marco del artículo 29 de la Constitución de la República. El dispositivo citado reserva como facultades exclusivas del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, las de iniciar, discutir y aprobar las leyes que suspendan o restrinjan las garantías individuales o derechos humanos de los gobernados en casos de emergencia por causa de epidemia, o trastorno grave de la paz pública y en el caso, los derechos humanos de los niños a la educación escolar, y el de los adultos al libre tránsito y a la libertad de trabajo resultan claramente afectados.
Sin embargo las medidas han sido aceptadas a pesar de carecer de fundamento constitucional, y la generalidad de los ciudadanos acata los decretos de manera voluntaria, en aras del bien común de la sociedad, valorado como un bien superior a la estricta legalidad; los propios gobernantes reconocen las limitaciones al respecto y por ello, el Presidente de la República ha sido claro en anunciar que no hará cumplir las restricciones de modo coercitivo. En esa misma lógica, y dado que el Gobierno de Coahuila si amenaza de modo expreso con el uso de la fuerza pública, tiene sentido la postura del alcalde de Torreón Jorge Zermeño, al pedir a Miguel Riquelme que aclare los alcances de las reglas que limitan la movilidad.
La ambigüedad que lo anterior implica deriva de la naturaleza misma de las cosas, porque la realidad es que ninguno de los gobiernos de los países del mundo, ha contado durante el proceso con información suficiente ni con experiencias precedentes, sobre los tiempos y alcances del avance de la pandemia en cada lugar del planeta. Por todo lo dicho y en virtud de que la necesidad de guardarse en casa también vulnera a la actividad económica, queda en manos de la sociedad, de acuerdo a las condiciones particulares de cada ciudadano, el encontrar el justo medio entre la protección a la salud individual y colectiva, y la búsqueda del diario sustento.
Es necesario que todos los ciudadanos nos conduzcamos con sentido de responsabilidad frente a las indicaciones de la autoridad a proteger nuestra salud y la de nuestros semejantes. Lo anterior sea dicho desde la perspectiva de que todos enfrentamos juntos los efectos de la pandemia y de la crisis económica en las que estamos inmersos y del hecho de que vamos en el mismo barco, aunque unos viajan en camarote de lujo, otros en clase turista y muchos más viven al día, remando en las galeras.
