El 1 de julio se cumplen tres años del inicio del conflicto socio-ambiental causado por la construcción de una fábrica de cianuro de la trasnacional The Chemours Company en La Laguna, proveedora de la industria minera a cielo abierto, sin solución todavía. Continúa también la lucha en tribunales. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la alcaldesa de Gómez Palacio reiteró su compromiso ante pobladores de la primera zona de afectación -comunidades vecinas de Pueblo Nuevo El Siete y Dinamita, Durango, donde la empresa proyecta operaciones-, que durante su gobierno, previsto para concluir en 2022, no otorgará permiso alguno que afecte al municipio. "El tema de los permisos a la empresa Chemours se encuentra detenido", señaló.
El 6 de mayo, en plena cuarentena por COVID-19, la Suprema Corte falló a favor de Chemours Company en un Juicio de Amparo.
Un mes después, el 5 de junio, los pobladores agrupados en el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, entregaron al Ayuntamiento de Gómez Palacio, un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, a la senadora por Durango, Lilia Valdez, y a la presidenta de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez.
En él, solicitan la urgente intervención de dichas autoridades "ya que desde hace tres años el Frente mantiene una lucha de oposición a la instalación de la planta Chemours Company, misma que pretende la producción de 65,000 toneladas de cianuro al año y que se encuentra ubicada en carretera al poblado Pueblo Nuevo, El 7, de Gómez Palacio, a unos cuantos metros de 32 ejidos, mismos que desaparecieron de los planos cartografiados en el tiempo de la requisición para los trámites donde se adquirieron los permisos municipales donde se asegura que no hay afectación ambiental a comunidades aledañas en un radio de 8 kilómetros a la redonda.
"Fue del dominio público que cuando nos manifestamos pacíficamente el 9 de marzo de 2018, fuimos brutalmente reprimidos, violando nuestras garantías individuales y constitucionales, y siendo privados de la libertad ilegalmente fuimos remitidos al CERESO, y algunos de nosotros aún nos encontramos en calidad de procesados.
"Por todas las arbitrariedades suscitadas, le enviamos a cada uno de ustedes un informe sobre los procesos legales actuales que enfrenta la empresa Chemours Company:
"Se interpuso un primer Juicio de Amparo con número de expediente 839/2019, el cual radica en el Juzgado Tercero de Distrito de La Laguna, expediente de origen JA 312/2018, cuaderno auxiliar 391/2018, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, expediente de origen AR39/2019, el cual fue desechado y tuvo fallo a favor de Chemours Company.
"Existe un segundo Juicio de Amparo interpuesto por los habitantes de algunas comunidades mediante el cual se concede la suspensión provisional de la construcción y funcionamiento de la planta, y aún sigue en proceso con número de expediente 1033/2019, que radica en el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna.
"Asimismo, está en proceso en tribunales federales una Demanda de Nulidad con número de expediente 2476/17-EAR-01-11 interpuesta por la organización REMA por sus siglas (Red Mexicana de Afectados por la Minería), misma que solicita en conjunto con representantes del Frente al Ayuntamiento de Gómez Palacio, le brinde informe sobre los permisos vencidos a favor de la empresa Chemours Company, así como los requisitos solicitados en tiempo y forma por las diversas direcciones encargadas de verificar la legalidad y el apego a los reglamentos municipales al momento de tramitar los permisos que les permitiera la construcción y por subsecuente la instalación y funcionamiento de manera legal. Tales informes son necesarios para efecto de fundamentar y ampliar el Juicio de Nulidad. Lo anterior con fundamento en el artículo 8 constitucional.
"Por lo anteriormente expuesto y fundado, le pedimos de la manera más respetuosa nos facilite lo requerido, y honre, señora presidenta, el compromiso pactado con los ciudadanos de no otorgar los permisos para la instalación y funcionamiento de esta planta de muerte."
Firman de puño y letra integrantes del Frente de Pueblos y sella de recibido la secretaría particular del Ayuntamiento de Gómez Palacio, con rúbrica de su titular, Zuriel Rosas Correa.
Continuará.
@kardenche
