La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que en noviembre estará listo el nuevo modelo laboral que podrá funcionar en diez entidades. (EFE)
El Gobierno y los principales empresarios de México se apresuran para cumplir con los compromisos laborales asumidos en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio, como constataron este martes en un taller virtual orientado a esta causa.
México está acometiendo una reforma laboral por fases que, según los planes del Ejecutivo, estará completamente operativa en 2022 para adaptarse a esas normativas.
Según aclaró en el taller la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, la primera etapa va en tiempo pese a algunos retrasos en los procesos que involucran a los sindicatos provocados por la pandemia de COVID-19.
"Que ustedes tengan la certeza que la primera etapa del modelo laboral empieza a trabajar este año como se planeó", aseguró Alcalde en la mesa de trabajo organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La secretaria explicó que "quizás" en noviembre de este año se podrá ya iniciar "el nuevo modelo laboral" en las diez entidades federativas en las que estaba proyectado, con la apertura de instancias estatales y del Centro Federal de Conciliación y Registro que coordinará "todas las nuevas reglas democráticas de este nuevo modelo".
Paralelamente, empresarios y Gobierno coincidieron en la necesidad de establecer una estrategia preventiva y anticiparse a las posibles demandas de Canadá o Estados Unidos, un país que ya ha empezado a crear comités para solucionar controversias laborales.
"Lo que queremos es saber qué hacer para no llegar a esa demanda, y también que tengan la seguridad que hemos estado trabajando con nuestras contrapartes para también tener una relación de comunicación y entendimiento", explicó la secretaria de Economía, Graciela Márquez.
La nueva alianza comercial obliga a asegurar la libertad de asociación y de negociación colectiva, a la eliminación del trabajo forzoso, a la abolición del trabajo infantil y a dotar a los trabajadores de condiciones laborales aceptables en cuanto a salario, horas de trabajo, seguridad y salud.
El T-MEC contempla dos mecanismos de respuesta a las posibles controversias, uno estándar entre Gobiernos y un novedoso Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) que es de aplicación directa de un Gobierno a una planta o conjunto de plantas, que solo podrá actuar en materia sindical y podrá sancionar en menos de seis meses.
Las sanciones por violaciones laborales pueden ser comerciales e incluso implicar embargos de mercancías si son repetidas, algo inédito hasta el momento en comercio internacional.
Por su parte, el mecanismo ordinario tardará entre 11 y 14 meses en elaborar informes finales sobre las disputas abiertas y normalmente las represalias suspenderán los beneficios del acuerdo mediante un aumento de aranceles.
Ven riesgo de ataques
De acuerdo con especialistas y con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, un incumplimiento en materia laboral ligado con el comercio en América del Norte puede llevar a que se abran paneles contra nuestro país. “El riesgo de que México sea sujeto de ataques por parte de Estados Unidos se verá por dos razones porque a partir del sábado empiezan las campañas presidenciales en Estados Unidos y porque el 1 de julio entra en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.
Durante el videotaller “Retos laborales y estrategias para las empresas ante la entrada en vigor del T-MEC”, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que con el arranque del Tratado se presenta “el gran riesgo al cual nos podemos enfrentar que es, por parte de ignorancia”, de que no se cumpla con toda la nueva legislación en materia laboral y esto dé pie a un tipo de queja de Estados Unidos contra México.
El peligro es “no que haya violación flagrante a la ley, sino que no haya cumplimiento de normas y estándares y que no se sea consciente de las nuevas obligaciones y derechos, como no obligar a un trabajador a que se afilie”.
Si no se logra un cumplimiento de las leyes en materia laboral a las que se comprometió México en el T-MEC, “se irán complicando los procedimientos frente a las autoridades”.
