En el mundo hay de populistas a populistas. No todos son iguales, aunque sean igual de perniciosos. Hay quienes a pesar de ganar elecciones democráticas se convirtieron en autócratas: Brasil, Filipinas, Turquía, Hungría, Polonia y Venezuela. Otros también ganaron democráticamente, pero simulan seguir la Constitución y las leyes. Obedecen pero no cumplen, dicen una cosa, hacen otra.
Si bien AMLO pertenece a esta última categoría, además de populista es aspirante a caudillo. Más cerca de Álvaro Obregón y de Francisco Franco que de otros populistas como Juan Domingo Perón o Luis Echeverría, de quien se ha deslindado.
En México está en marcha un deterioro institucional debido al caudillaje presidencial. AMLO es el hombre fuerte de México. Su capacidad para hacer cumplir su voluntad es absoluta. Los límites son los débiles eslabones de las cadenas institucionales. Se llegó al extremo de desaparecer un Diario Oficial ya publicado, con disposiciones del Consejo de Salubridad General (13 de mayo), para sustituirlo por otro pero atribuido a la Secretaría de Salud. Este último tuvo que reponerse también pues resultó deficiente. Un tobogán de errores, que vulnera el principio central de seguridad jurídica, como es la publicación de las normas.
Con un Senado acotado, sin una figura a la cabeza de la oposición parlamentaria; con una Cámara de Diputados sometida a la mayoría de mano alzada, en donde únicamente se escucha una voz en el desierto, la de Porfirio Muñoz Ledo, quedan algunos gobernadores que han levantado la voz en la crisis sanitaria. No es que los gobernadores disidentes vayan a salvar a México, algunos son proverbialmente sátrapas, como la gran mayoría histórica de ejecutivos estatales. No obstante encendieron la alarma federal.
El federalismo es aparentemente una aberración política. La paradoja es que el poder político no se comparte, ¿Cómo es entonces que entidades soberanas (los estados) confieren a una entidad distinta (la federación) facultades propias? La fórmula federal la descubrieron los constituyentes estadounidenses, misma copiada por países federalistas como México.
La fórmula mágica es que a través de una Constitución se realiza un "pacto federal". Los estados confieren al estado federal competencias, poderes bajo el principio residual de que "las facultades no están expresamente conferidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". Parece muy sencillo, pero es de gran complicación. En México existen constitucionalmente facultades atribuidas a la Federación, facultades atribuidas a las entidades federativas, facultades prohibidas a la Federación, facultades prohibidas a las entidades federativas, facultades coincidentes, coexistentes, de auxilio y las emanadas de la jurisprudencia.
En materia sanitaria debido a la incomprensible negativa del gobierno de haberse apoyado en el Consejo de Salubridad General, cuyas facultades se hubieran impuesto en todo el territorio nacional, se determinó que sería la jurídicamente endeble Secretaría de Salud la encargada de dictar las medidas para enfrentar la pandemia. Como en materia de salubridad general tanto la Federación como las entidades federativas (los estados y la CDMX) concurren, sucede que la Secretaría de Salud da órdenes y fija lineamientos, mientras los estados hacen lo que quieren, lo que agrega una complicación mayor al momento que vive el país.
En esta crisis sanitaria la nación merecía la verdadera concurrencia de sus autoridades, no el caos que se ha presenciado: el presidente dice una cosa, el vocero epidemiológico lo desmiente, unos gobernadores se allanan a la voluntad suprema como si fueran empleados del Ejecutivo Federal, otros, audaces, hacen como que son soberanos.
Es indispensable que la estructura jurídica del país funcione integralmente para que dé certeza, seguridad y rumbo al desastre existente. Hay que evitar que el país quede nuevamente bajo la sombra del caudillo y siga desmoronándose.
Investigador nacional en el SIN
@DrMarioMelgarA
