La 4T está cumpliendo, y bien, con el esclarecimiento de lo sucedido con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Disecciono avances y lanzo una pregunta obvia ¿Por qué no aplicarlo a casos similares?
El primer ingrediente -esencial- ha sido la determinación de los familiares de los 43 normalistas. Pronto serán seis años de su ejemplar lucha por verdad y justicia. Con ese trasfondo, conversó telefónicamente con Omar Gómez Trejo, nombrado en junio de 2019 titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Enumera los factores, tras los avances:
Primero. El respaldo político del presidente Andrés Manuel López Obrador, del fiscal general, Alejandro Gertz Manero y del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Ellos han garantizado el flujo de recursos necesarios, sin excesos, pero sin austeridades. También han apretado a la burocracia, para que responda con rapidez los constantes requerimientos de la investigación.
Segundo. Gozar de la autonomía y la autoridad para obtener copia de los expedientes generados en los seis años transcurridos: más de un millón de cuartillas. Libertad para armar un equipo confiable y profesional que persigue dos objetivos: esclarecer las múltiples verdades e ir logrando justicia. El Fiscal es enfático en sus pronósticos: una verdad más apegada a los hechos llevará unos meses; la justicia, años.
Tercero. Tener la confianza de los familiares y contar con la coadyuvancia (es decir, con la activa participación) de representantes comprometidos de la sociedad civil mexicana y de la comunidad internacional. Han jugado un papel clave cuatro organizaciones mexicanas: Miguel Agustín Pro, Serapaz, Tlachinollan y Fundar. Y desde mayo de este año, se reincorporó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un cuarto elemento lo entresaqué de conversaciones con fuentes cercanas al caso: el perfil del Fiscal seleccionado. Sí importan las biografías personales. Omar Gómez Trejo tiene 16 años bebiendo de las abundantes hieles y de las escasas mieles de quienes defienden activamente los derechos humanos. En México, acompañó al inolvidable Rodolfo Stavenhagen en la defensa de los pueblos originarios, desde la Academia Mexicana de Derechos Humanos y participó en Libertad de Información-México A.C. (LIMAC). Luego trabajó en diversos organismos internacionales y ha estado cerca del caso Ayotzinapa desde el primer momento. Tiene legitimidad y compromiso.
El resultado está a la vista. A medida que afloran las verdades, se resquebrajan las impunidades, porque, cosa rara en México, están armando casos sólidos para presentar a los jueces. Y en parte, ello se debe a la convergencia en torno a un mismo objetivo de víctimas, sociedad civil, funcionarios honestos y comunidad internacional.
El modelo puede ser reproducido. Las leyes lo permiten y sería conveniente su aplicación a las otras aberraciones que tienen muchos años esperando ser atendidas: Guardería ABC, Nochixtlán, Tanhuato y un larguísimo etcétera. Me detengo en la masacre de San Fernando, porque en unos días se cumplirán diez años de la tragedia.
En agosto de 2010, 72 migrantes (en su mayoría de Centro y Sudamérica) fueron asesinados por los Zetas porque, luego de ser secuestrados, ni pudieron pagar el rescate ni quisieron unirse a la banda criminal. Fue un escándalo mundial y fue una de las razones que llevaron al gobierno de Felipe Calderón a modificar su estrategia para lanzarse contra los Zetas. Si el caso avanza, aunque trabajosamente, es porque la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho lo ha empujado durante todo este tiempo. Su directora, Ana Lorena Delgadillo, me comenta con indignación que ni en ésta, ni en ninguna otra matanza de migrantes hay sentenciados y, conseguir las copias de expedientes les ha llevado seis años.
La historia de México es un rosario de atrocidades. La 4T, se comprometió a atenderlas. Está cumpliendo en el caso de Ayotzinapa, pero pospone la atención de otros casos emblemáticos. Incomprensible que lo haga. Es prolongar el dolor de los familiares que deambulan arrastrando su pena y lanzando la inevitable pregunta: ¿por qué los 43 sí, y nosotros no?
@sergioaguayo
Colaboró: Zyanya Valeria Hernández Almaguer
