Con el respaldo de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), entre otras asociaciones, pidieron investigar a seudoorganizaciones que simulan apoyar a la comunidad.
Familiares y víctimas del homicidio de 15 personas en Huazantlán del Río, localidad de San Mateo del Mar, demandaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que estos asesinatos sean investigados como crímenes de lesa humanidad.
Este martes, durante una conferencia de prensa en el zócalo de la capital oaxaqueña afirmaron que la masacre de los pasados 20 y 21 de junio continúa en la impunidad.
Exigieron la conformación de un grupo interdisciplinario, como en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que participe en las investigaciones.
En su pliego petitorio reclamaron el cese inmediato de funcionarios municipales, estatales y federales involucrados en el crimen, quienes fueron denunciados desde el pasado 2 de mayo, así como transparencia en las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Demandaron auxilio y prevención de ataques futuros contra los habitantes de esta comunidad del Istmo de Tehuantepec, así como permitir el acceso a las vías de comunicación terrestres y marítimas que actualmente están cercadas por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Con el respaldo de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), entre otras asociaciones, pidieron investigar a seudo organizaciones que simulan apoyar a la comunidad, pero que acusan de estar implicados con los responsables de la masacre.
Asimismo, exigieron investigar a las empresas que tienen intereses económicos en la región.
Demandaron que la FGEO ejecute las órdenes de aprehensión contra los probables autores materiales e intelectuales identificados en los asesinatos, así como atención integral a las víctimas y a sus familiares, que suman más de 100.
De acuerdo con los denunciantes, el grupo armado responsable de los homicidios estuvo encabezado por José Luis Chávez Salinas, agente municipal de Huazantlán del Río, así como por los exfuncionarios Laura Fiallo Sandoval e Iván Mateos López.
También señalan a servidores públicos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a cargo de Adelfo Regino Montes, como Anabel López Sánchez y Gualterio Escandón, entre otros.
El pasado 28 de junio, se publicó un artículo para entender la masacre, en el cual Marcelino Nolasco -quien coordinó de 2000 a 2015 la actividad académica de un bachillerato comunitario en San Mateo del Mar, impulsado por el obispo Arturo Lona Reyes- aseveró que la desatención de las autoridades, aunada a la pretensión gubernamental que desde hace años busca imponer un proyecto eólico, los rezagos, el olvido y el uso arbitrario de los recursos por parte de las autoridades locales provocaron la ruptura entre el esquema tradicional e institucional del gobierno municipal.
