El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) consideró infundados los argumentos que presentaron Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzio Correa y Enrique Ramírez Hernández, exagentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para invalidar la remoción de sus cargos a causa de las irregularidades en su actuación en el caso Ayotzinapa. (ARCHIVO)
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) consideró infundados los argumentos que presentaron Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzio Correa y Enrique Ramírez Hernández, exagentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para invalidar la remoción de sus cargos a causa de las irregularidades en su actuación en el caso Ayotzinapa.
Así lo resolvieron los miembros del Pleno de la Sala Superior del Tribunal, que de manera unánime declararon infundados los argumentos presentados por los tres exfuncionarios.
Durante la exposición del caso, el magistrado ponente Juan Manuel Jiménez Illescas, manifestó que los entonces agentes se presentaron al lugar de los hechos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados.
Agregó que sus actuaciones fueron omisas e incompletas en la atención del caso y por ello, la Dirección General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General, de la Fiscalía General de la República (FGR), determinó que eran administrativamente responsables de las irregularidades y les impuso la sanción administrativa de remoción de sus cargos.
"Quedó acreditado que la investigación que realizaron no fue diligente, dado que los actores no pusieron interés, ni esmero, mucho menos fueron eficaces en el cumplimiento de su obligación de investigar delitos, particularmente corroborar si los estudiantes normalistas realmente se habían enfrentado a balazos con elementos de la policía municipal de Iguala como lo informó la llamada del C4", precisó el magistrado Jiménez Illescas.
A pesar de que los elementos de la PFM estuvieron en el lugar de los hechos -por lo cual rindieron un informe el 27 de septiembre de 2014-, aseguraron que se mantuvieron lejos de los estudiantes y los autobuses cuando terminó el ataque de la policía municipal de Iguala en contra de los jóvenes para evitar confrontaciones. Y en ningún momento solicitaron la presencia de personal paramédico para asistir a las posibles víctimas.
Juan Manuel Jiménez Illescas refirió que los elementos, al retirarse del lugar sin prestar protección y auxilio a los estudiantes, y al no preservar el lugar de los hechos ni la integridad de las posibles víctimas, se propició que se volvieran a vulnerar la integridad de los jóvenes, ya que se presentó un segundo ataque a las 00:00 horas del 27 de septiembre derivando en la desaparición de los estudiantes.
