Con el peso del llamado principio de autoridad ("lo ordeno y punto"), el 30 de julio pasado el consejo general del INE decretó la reanudación de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, para diputados locales y ayuntamientos, respectivamente. Previamente, el 1 de abril había declarado suspendidos dichos procesos, cuya jornada electoral debió haberse realizado el domingo 7 de junio.
La suspensión obedeció a la necesidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, generador de la enfermedad COVID-19. Sin tomar en cuenta que las infecciones estaban en ascenso y las muertes ni se diga, el 30 de julio, como ya se dijo, el INE ordenó la reanudación de ambos procesos electorales y que las elecciones tengan lugar el 18 de octubre.
En su Resolución, el INE nada dice acerca de la situación epidemiológica en ambos estados, su evolución y pronóstico. Nada comenta sobre la información específica que en torno al problema le haya comunicado la autoridad sanitaria, con la que se comprometió a mantener "vínculos de comunicación permanente".
EI INE propone, según dice, varios "esquemas de protección" contra el coronavirus, básicamente para su personal, pero no para el ejército de ciudadanos que necesariamente participa en un proceso electoral, en especial el día de elecciones. Y tales esquemas o protocolos el INE los presenta a la Secretaría de Salud, para "comentarios, opiniones y sugerencias", apenas el día previo a la fecha en que toma la decisión de reanudar ambos procesos electorales estatales. ¡Increíble!
¿Conoció el INE, entre otros datos, que según el Conacyt el punto más fuerte de los contagios en Coahuila se presentará hacia mediados de noviembre? Si no conocía esta información, malo; y si la conocía y no la consideró al tomar su decisión, peor.
En fin, lo que ahora vale la pena es comparar la actitud de ambos gobernadores, el de Hidalgo y el de Coahuila, respecto a las elecciones del próximo 18 de octubre.
El de Hidalgo, de manera clara y contundente, ha propuesto que la elección se posponga por la gravedad de la pandemia en su estado. Solicitó ya la intervención de los buenos oficios de la Secretaría de Salud para que apoye ante el INE su petición.
En contraste, el de Coahuila, Riquelme, ante la crisis sanitaria cuya gravedad seguramente conoce, se ha mantenido firme en su posición de que las elecciones van. Titubeante, lo más que ha concedido es que si no se pueden celebrar el 18 de octubre, pues que entonces se efectúen en noviembre, según declaró el 11 de agosto pasado. Como mejor opción ¡propone noviembre! Sí, el mes en que estarán los contagios en su punto máximo, según pronóstico del Conacyt.
Lo que atemoriza al gobernador de Coahuila, lo que verdaderamente lo llena de pavor, es la sola posibilidad de que las elecciones de diputados se lleguen a empatar con las federales del año próximo. Sabe bien que los resultados en uno y otro año serán muy diferentes para su partido. Si los comicios son en 2021, con una mayor participación de votantes y con el acompañamiento de la elección federal, su partido quedará con un mínimo número de diputados; pero si son en el actual, sencillamente se servirá con la cuchara grande.
Hace año y medio propuse reformar la ley para hacer coincidentes todas las elecciones locales de Coahuila con las federales. Argumenté que se propiciaría una mayor participación ciudadana, se ahorrarían al erario público varios cientos de millones de pesos en una década y se evitaría la constante convocatoria a las urnas, que ya molesta a muchos votantes.
Como la propuesta implicaba tener una legislatura local de un año y una gubernatura de cuatro, en lugar de seis años, para ajustar los calendarios electorales, el argumento supremo de Riquelme fue entonces que él recibió una gubernatura de seis años y la entregaría a su sucesor de seis años también. Probablemente desconoce que debido a la reforma constitucional de 2014 eso precisamente ocurrió en varios estados. Para no ir más lejos, tenemos el caso de Baja California, donde el inefable Bonilla fue electo para cubrir un periodo de dos años, que luego truculentamente pretendió alargar a cinco, hasta que la Suprema Corte lo paró.
Ahora Riquelme pretende asustar con la idea de que necesariamente el 1 de enero próximo tiene que haber una nueva legislatura y que el problema no tiene solución. ¿Quién le habrá dicho que no hay solución posible? ¡Claro que la hay! como lo veremos la próxima semana.
