PANORAMA, El Siglo de Torreón
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Columnas la Laguna

PANORAMA

MEXICO ES UN PAIS DE LEYES; ¿PORQUÉ TORCER EL DERECHO?

RAÚL MUÑOZ DE LEÓN
TORREÓN, COAHUILA, lunes 28 de septiembre 2020, actualizada 4:36 pm


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México es un país de leyes, de derecho escrito; de normas jurídicas codificadas. En nuestro sistema jurídico, la ley es la más importantes de las normas jurídicas, porque en su elaboración o creación, hay todo un proceso, que comienza con la iniciativa o propuesta y termina con su publicación, a partir de cuyo momento, la ley entra en vigor.

No importa si los ciudadanos conocen o no la existencia de esa ley, pues con la formalidad de su publicación, la norma jurídica llamada ley, alcanza plena validez y adquiere carácter obligatorio. Recuérdese que “la ignorancia de la ley, a nadie beneficia”.

Ninguna persona puede alegar como defensa o argumentar como excusa de su incumplimiento que desconocía la existencia de tal o cual ley, pues como ya se dijo, si se cumplieron las formalidades de su creación, la ley es válida y plena su vigencia.

El Código Penal, sea federal o local, determina y define con claridad qué es un delito y describe con precisión cuáles son las clases de delitos, así como sus elementos y sanciones. No me refiero a la anodina definición legalista, según la cual “delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales”. Decir esto es lo mismo que decir nada; aludo a la definición doctrinaria que propone en su libro “Lineamientos Elementales de Derecho Penal” el maestro Fernando Castellanos Tena, quien cita al penalista Rafael Carrara, definiendo al delito como “la infracción de la ley del Estado, creada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañosa”.

Los códigos de procedimientos penales señalan, igualmente, los pasos que deben seguirse para acusar a una persona, física o moral, de determinada conducta delictiva y termine con la imposición de la sanción o pena que la propia ley prevé.

Está en la mesa de los debates, el tema relativo a si se procede legalmente en contra de los expresidentes que aún viven (con excepción de Luis Echeverría) por la comisión de hechos constitutivos de delitos, de los cuales socarrona y tortuosamente, López Obrador quiere eludir la responsabilidad histórica y política de su aplicación, derivando la determinación de la procedencia o no, a consulta popular.

Si bien la Constitución Política establece que mientras desempeña el cargo, el Presidente de la República sólo puede ser acusado de traición a la Patria y por delitos graves del orden común (disposición con la que desde nuestra época de estudiantes hemos estado en desacuerdo), consideramos que una vez terminada su gestión deviene en ciudadano común y por lo tanto es sujeto susceptible de que se le aplique la ley, como a otro mexicano cualquiera, y en tal sentido debe responder de los delitos en que haya incurrido.

Si los ex presidentes cometieron uno o varios delitos y hay pruebas evidentes para fincarles responsabilidad, lo que procede es presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la República y así inicie el proceso respectivo, consignando al presunto imputado ante un juez competente para que, si lo halla culpable, respetando el derecho del acusado a defenderse, imponga la sanción que la misma ley contempla con el ánimo y propósito de hacer justicia.

Es ridículo, incongruente y absurdo que la impartición de justicia se someta a consulta pública; la justicia no debe subastarse ni ponerse en balanza comercial como si fuera mercancía. La justicia no se vota; se impone, se aplica.

Cuesta trabajo creer que sea el propio Presidente de la República quien proponga este extralógico procedimiento, cuando debe ser el primero en respetar la ley. ¿Recordará que alguna vez dijo: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ella emanen. . . y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido. . . ¿”. Pues en este caso concreto no lo está haciendo. Por el contrario se burla de la ley, eludiendo una de sus principales obligaciones: cumplirla y hacer que se cumpla.

¿Habrá olvidado, acaso, lo que tanto repitió en su campaña política?: “acabaremos con la corrupción, lo haremos como se barren la escaleras de arriba hacia abajo”. ¿Qué pretende al proponer y ordenar se consulte a la gente, para saber si se mete en la cárcel a los exmandatarios, presuntos delincuentes? Acaso “justificarse” con ellos, diciéndoles: “yo no quería ponerte en prisión, pero el pueblo así lo quiso”.

¿Cuáles son los escenarios que se vislumbran como resultado de este “aquelarre” político? Parece obvio que la respuesta popular a la pregunta ¿quieres que los expresidentes vayan a la cárcel?, será positiva, porque aunque hay poco interés en la ciudadanía para acudir a las mesas de votación, el partido Morena se encargará de llevar, bajo presión, a sus militantes para que voten en sentido afirmativo. Y entonces se informará que hubo participación. Escenario engañoso.

Construyamos mentalmente un cuadro relativamente imposible: la gente contesta negativamente y los imputados penalmente quedan sin castigo. En qué situación se pone el sistema jurídico mexicano? Si tal escenario se presentara, ¿Qué opina el mexicano común acusado de un delito, sentenciado y condenado: “Quiero que se someta a consulta pública si se me encarcela o no, como se hizo con los pillos exmandatarios”. Imagina usted, amable lector, el caos que se generaría? Ya no hablaríamos del orden jurídico mexicano, sino del “desorden” normativo nacional.

Otro escenario no deseable podría presentarse: la confrontación de poderes; alguno, algunos, o tal vez todos los imputados, al conocer el resultado de la “consulta” en el sentido de que se votó a favor de que vayan a prisión, sin haber juicio previo, ni acusación formal, ni sentencia de un juez competente, ni se les haya respetado el derecho de defensa, (porque la verdad es que ha sido el Presidente quien los ha acusado, juzgado y sentenciado) podrían promover ante la Suprema Corte un juicio de garantías, y entonces tendremos al más alto Tribunal de la Nación, el Poder Judicial Federal, en conflicto con el Ejecutivo; porque con seguridad los Ministros de la Corte no aceptarían la consulta como un procedimiento válido, por su improcedencia constitucional.

De este modo, el Presidente López Obrador, lograría su verdadero propósito: distraer la atención nacional de los realmente importantes problemas de la población mexicana: pandemia, inestabilidad económica, inseguridad pública, desempleo, etc.

Insistimos, México es un país de leyes y debe cumplirse lo que éstas disponen. El Presidente de la República está perdiendo la oportunidad histórica de emular a Don Benito, cuando Carlota le suplicó que perdonara la vida a su marido Maximiliano, condenado a ser fusilado, contestándole el Benemérito a la Emperatriz: “No soy yo quien ordena su muerte, señora, es la ley”.

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