Los gobiernos han respondido a la pandemia de COVID-19 y a los trastornos sociales y económicos que ésta ha provocado con una serie de planes ad hoc, como permisos pagados, transferencias de efectivo y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas respuestas comparten dos limitaciones importantes.
En primer lugar, muchos son arreglos temporales y a corto plazo, que cubren la situación de confinamiento o un periodo teórico hasta que se produzca la recuperación económica. No producen cambios en las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas vulnerables, ni mejoran su situación frente a futuras crisis.
En segundo lugar, las medidas simplemente no abordan las amenazas existenciales a las que se enfrentan muchas de las comunidades más afectadas del mundo. Aunque el gasto de los gobiernos de todo el mundo en la respuesta al COVID-19 supera los 11 billones de dólares, con diferencia, las respuestas más importantes han procedido de países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750 mil millones de euros (equivalente al 6% de su PIB)... Sin embargo, entre los países en desarrollo de bajos ingresos, la respuesta fiscal ha sido en promedio de 1.2% del PIB.
Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, tienen recursos internos limitados, lo que se ve agravado por la caída de los precios de algunos productos básicos de exportación...
Incluso antes del COVID-19, 69% de la población mundial no estaba cubierta por la seguridad social, o sólo lo estaba parcialmente. Casi dos tercios de los niños del mundo no tenían cobertura de protección social, sólo 22% de los desempleados recibían prestaciones de desempleo y sólo 28% de las personas con discapacidades graves recibían prestaciones de discapacidad.
Las crisis mundiales como esta pandemia no saben de fronteras geográficas o políticas... Si queremos crear una mayor resistencia y una capacidad de recuperación más eficaz, tenemos que apoyar a todos los países en la creación de niveles mínimos de protección social sólidos... En estas circunstancias, la solidaridad internacional es esencial...
Niveles mínimos de protección social para todos son asequibles. El déficit de financiación para todos los países en desarrollo -la diferencia entre lo que estos países ya invierten en protección social y lo que costaría un nivel mínimo de protección social completo (incluida la salud)- es de unos 1,191,000 millones de dólares en este año, incluido el impacto del COVID-19. Sin embargo, la diferencia para los países de bajos ingresos es sólo de unos 78 mil millones de dólares, una cantidad insignificante en comparación con el PIB de los países industrializados. Sin embargo, el total de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la protección social asciende sólo a 0.0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los Estados ricos tienen el deber de ayudar a cumplir los derechos sociales en los países con recursos más limitados... Los países deben desplegar el máximo de los recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos... tal vez sea necesario adoptar enfoques más eficaces en materia de tributación y lucha contra la corrupción... Esta crisis nos ofrece muchas lecciones. Una... es que para reconstruir mejor es necesario contar con la solidaridad internacional y una mejor protección social para todos...
Colaboraron: Olivier De Schutter y Guy Ryder
