El caso es clásico. Cuando están pobres los gobiernos echan mano de los haberes particulares o los de las iglesias. Sucedió en el Siglo XIX. El Gobierno estaba sin dinero y se echó sobre los bienes eclesiásticos. Había ejemplos en Europa y la justificación era fácil: los fondos se tildaban de inertes, improductivos, en manos muertas. La ideología anticlerical ayudaba pero no ocultaba la verdadera razón.
Ahora, en pleno Siglo XXI, el Gobierno encuentra que no le es posible continuar con los programas sociales, mucho menos enfrentar el inmenso gasto de reanimar el tinglado económico de este país en crisis. Mientras otros aplican rescates fiscales y financieros, nuestro Secretario de Hacienda dice en la reunión del G-20, con todo realismo, que para recuperarnos del impacto del COVID-19, "no tenemos esos márgenes de maniobra, ni sociales, ni fiscales ni económicos como los países avanzados".
El dinero de los fideicomisos se antojan disponibles y, como hace un siglo, solo faltan pretextos. Esta vez la justificación es el combate a la corrupción que puede aparecer en ciertos casos y que en lugar de investigarse y corregirse es más fácil presentar como generalizada. Ante un público listo a creer cuanta cosa le relate el presidente en sus conferencias matutinas, la apropiación es fácil declarando que todos los fideicomisos no son sino nidos de empresarios y manipuladores corruptos.
Los fideicomisos, empero, tienen sus órganos internos de vigilancia sobre los recursos, incluso internacionales, que han recibido y que explican su constitución. Las irregularidades hay que corregirlas o castigarlas. Remitir todos sus fondos a la Secretaría de Hacienda sin más bases que una insostenible condena universal y suplanta a los patronos y confiere la dirección de esas entidades a la autoridad fiscal. La erradicación de los fideicomisos es un ejemplo de como AMLO se propone absorber decisiones en áreas críticas de la sociedad y, paso a paso, conducirla por el sendero de la Cuarta Transformación.
En este proceso las consultas populares son piedra angular de esa, su versión de Democracia Participativa donde la voluntad popular solo la interpreta el presidente de la República. Su intención centralizadora queda al desnudo.
Pero la consulta popular, convocada con simples preguntas binarias y con respuestas a mano alzada, no registra sino la confirmación de rumbos por seguir pero no la manera de poner en práctica lo "decidido". Tratándose de la costosa consulta sobre un eventual juicio a políticos del pasado su resultado será tan inescrutable e inútil como la oscura pregunta que el INE reformuló..
En cuanto a la consulta que antecedería el proceso mismo de Revocación del Mandato la cuestión plantea más confusión y se vuelve indiscernible. Suponiendo que todo aboque en relevar al presidente de su alta responsabilidad, las perspectivas son azarosas: interrumpir los programas oficiales rechazados pero en marcha, seguir con el mismo partido en el poder, llamar a nuevas elecciones a mediados de sexenio. Ninguna alternativa es segura.
El sistema presidencial es rígido. Además, no puede ser cabalmente democrático por su manera de manejar la teoría de la división de poderes que cuida más el engranaje de equilibrios y frenos de la maquinaria de Gobierno que la atención minuciosa que exige el fluido mandato de una variada ciudadanía.
El sistema parlamentario brinda, por el contrario, la constante, diaria e ininterrumpida comunicación y articulación entre el electorado y el gobierno. En sus diarias sesiones convergen los poderes ejecutivo y legislativo para conocer, examinar y discutir los asuntos de interés ciudadanos y para decretar leyes y definir las acciones correspondientes. El miembro del parlamento es a la vez legislador y funcionario.
Llegado el caso, un simple voto parlamentario de confianza, o de desconfianza, confirma el respaldo o rechazo popular al jefe de gobierno. El procedimiento es impresionantemente rápido y sin quebranto en la cadena de autoridad y con total respeto democrático.
El sistema presidencial diseñado por los fundadores de los Estados Unidos a fines del Siglo XVIII e impuesto luego a las nacientes repúblicas latinoamericanas, es una forma de articular las tres tareas de gobierno que entonces se definieron. La fórmula parlamentaria, en sus diversas modalidades en vigor en el resto del mundo, ofrece otra opción que responde muy efectivamente a las inquietudes de una dinámica población que AMLO quiere atender mediante el método más peligroso e ineficiente que la historia registra: el de la dictadura.
La extinción de los fideicomisos tiene muchas aristas.
