Tanto el juez como la fiscalía coincidieron en que ninguna de las justificaciones era suficiente para conceder la solicitud de fianza.
El exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda enfrentará en la cárcel su proceso judicial en Estados Unidos. Ello después de que un juez de Los Ángeles descartara dejarlo en libertad bajo fianza, por considerar que existe un alto riesgo de fuga, además de los importantes delitos que se le imputan: tres por narcotráfico y uno por "lavado" de dinero.
El abogado Duane Lyons ofreció un paquete de fianza valorado en 750 mil dólares, que describió como "los ahorros de toda la vida" del exsecretario de la Defensa. Tanto la fiscalía como el juez que llevó la causa, Alexander MacKinnon, reconocieron que era una suma cuantiosa, pero insuficiente para paliar o contrarrestar el riesgo de que Cienfuegos intente escapar a México usando sus redes de contactos en el país.
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De nada sirvió que el abogado Lyons, además, asegurara que su cliente no pretende huir y que "tiene toda la intención de limpiar su nombre"; que estaba dispuesto a entregar su pasaporte; que no tiene lugar dónde esconderse y que existe un tratado de extradición entre Estados Unidos y México.
Tampoco sirvió el argumento de que, dado el contexto de pandemia de COVID y la edad de Cienfuegos (72 años), su salud está en riesgo.
Tanto el juez como la fiscalía coincidieron en que ninguna de las justificaciones era suficiente para conceder la solicitud de fianza y el juez optó por mantener a Cienfuegos en la cárcel.
En más de una ocasión el juez reconoció la importancia de la cuantía de los 750 mil dólares ofrecidos, pero entendió que era la parte que Cienfuegos estaba dispuesto a entregar a cambio de tener la opción de fugarse a México y no enfrentar la justicia de Estados Unidos.
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Además, recordó que los procesos de extradición puramente "políticos" pueden tardar años en resolverse; la justicia estadounidense no quiere arriesgarse a que Cienfuegos consiga escapar a su país y después empezar una batalla "larga" para su regreso a Estados Unidos.
Sobre su salud, el juez simplemente argumentó que no tenía ningún informe sobre el estado médico del mexicano, así que no veía el riesgo argumentado por la defensa. El fiscal Ben Balding recordó, además, que el servicio de prisiones está aplicando medidas específicas para tratar de evitar contagios de COVID-19 entre los reclusos.
Descartada la opción de la libertad bajo fianza, el próximo paso es su traslado a la jurisdicción de Nueva York, donde está radicado su caso. Un viaje previsto para algún momento en las próximas dos o tres semanas.
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