México necesita restaurar sus cuencas y flujos subterráneos, corregir la sobreexplotación y acaparamiento, reconocer los derechos al agua de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios; soberanía alimentaria con sustentabilidad hídrica, lograr sistemas municipales y metropolitanos eficaces y sostenibles, poner fin a la contaminación. Además, requiere investigación, información y construcción de capacidades, proteger sus cuencas y aguas de proyectos destructivos, armonizar la gestión del agua y la generación de energía, financiar el acceso equitativo y sustentable, recuperar la soberanía sobre su agua, y poner fin a la corrupción y a la impunidad hídrica. ¿Se puede o no se puede?
Hasta ahora, el mal manejo de las cuencas pone en riesgo la vida misma. Al no cuidar las zonas que almacenan picos de lluvia, hay cada vez mayor vulnerabilidad e inundaciones. Al contaminar las aguas pluviales y superficiales se recurre a la dañina y costosa práctica de "minar" las aguas subterráneas milenarias causando hundimientos y grietas. Las aguas subterráneas se contaminan por actividades en la superficie, especialmente en zonas de cavernas y cenotes. En zonas costeras, la sobreexplotación de acuíferos provoca intrusión salina.
La agricultura de gran escala en zonas áridas ocupa el 70 % del agua concesionada. Recibe enormes subsidios sin pagar derechos. Contamina y derrocha el agua a costa del uso humano, de los ecosistemas áridos y de la producción agropecuaria familiar y comunitaria.
Los agricultores que producen para el mercado local no tienen acceso a agua para riegos.
Las presas, muchas de las cuales implican la privatización del agua y de la generación eléctrica, dañan la capacidad de los ríos de distribuir nutrientes y flujos extraordinarios. Por no recibir el mantenimiento requerido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha declarado 115 presas en alto riesgo de fallar.
Los bordos, canales y túneles aceleran la velocidad de flujos extraordinarios, provocando inundaciones río abajo.
Los trasvases, pozos profundos, desalinizadoras y plantas de tratamiento aerobias requieren de enormes cantidades de capital y energéticos. Implican altos costos y contribuyen al cambio climático así como a presiones para más presas hidroeléctricas.
Gran parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales quedan abandonadas debido al empleo de tecnologías no costeables.
Aún con trasvases, los servicios de agua potable priorizan las zonas industriales y residenciales, dejando a zonas populares sin acceso.
Donde hay deforestación o pavimentación, las lluvias bajan torrencialmente; al llegar a zonas urbanas, saturan los drenajes y provocan inundaciones con aguas negras.
Hundimientos y grietas causados por la sobreextracción ponen en riesgo las viviendas y vida de los habitantes.
La minería tóxica envenena los ríos y acuíferos a cientos de kilómetros cuadrados a su rededor.
El "fracking" inyecta enormes volúmenes de agua y sustancias tóxicas para romper formaciones geológicas con el fin de extraer gas natural o petróleo.
La sobreextracción de aguas subterráneas es disruptiva al sistema de flujos. Resulta en el desecamiento de manantiales, ríos, lagos y humedales, y hace que el agua recientemente infiltrada de buena calidad se pierde entre los flujos profundos de aguas salinas. El agua "fósil" extraída de profundidades cada vez mayores es difícil de potabilizar debido a la presencia de minerales tóxicos.
Ejemplos en el país sobran. El rápido crecimiento urbano en la península de Yucatán está contaminando los acuíferos, la única fuente actual de agua potable de la zona.
La sobreexplotación de acuíferos en las costas causa la intrusión de agua salina.
Cuando se drenan los manglares para su urbanización, estas zonas siempre se vuelven a inundar. A pesar de los bordos, canales y entubamiento de ríos, las aguas superficiales, subterráneas y marinas encuentran su lugar.
Los contaminantes industriales y municipales dañan la salud de las personas, deterioran ecosistemas y se acumulan en sedimentos, cuerpos de agua, acuíferos y mar.
Así, la actual Ley de Aguas Nacionales, basada en mecanismos de mercado, ha quedado cada vez más incongruente. Está visto que el marco jurídico e institucional para el manejo del agua que ha regido desde 1989 no funciona en favor de los derechos o el ambiente. La Constitución exige reemplazarlo y la ciudadanía votó en 2018 contundentemente a favor de un cambio.
@kardenche
