Afortunadamente -y a pesar del mal gobierno del agua-, existen antecedentes culturales e históricos del buen gobierno del agua en México. Y desde febrero del 2012, un vigoroso y creciente proceso ciudadano y de los pueblos consensuó una propuesta de ley, a la vez que ha construido las instancias previstas en ella. Falta ahora que esa iniciativa se refleje en la nueva Ley General de Aguas, tal como es mandatado por la Constitución precisamente desde el año 2012.
Hasta ahora, bajo el mal gobierno del agua, las decisiones son tomadas desde arriba a través de negociaciones entre los grandes intereses económicos y políticos.
En contraparte, con el buen gobierno del agua, las decisiones serían tomadas en consejos y asambleas incluyentes a cada escala de manejo, en donde la voz y voto se sustente en los derechos humanos, constitucionales y de los pueblos.
En el mal gobierno del agua, los criterios de las decisiones son la apropiación de los beneficios, la socialización de los costos y riesgos.
En el buen gobierno del agua, los criterios de las decisiones serían el bien común, la sustentabilidad, la equidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
En el mal gobierno del agua, los beneficiarios son las grandes corporaciones foráneas y sus socios, contaminadores, empresas concesionarias de megaproyectos hidráulicos, privatizadores de sistemas urbanos de agua, minería tóxica, "fracking", cerveceras de exportación, agroexportadores acaparadores del agua, bancos multilaterales promotores de la privatización.
En el buen gobierno del agua los beneficiarios serían productores de alimentos para el consumo nacional, empresas sustentables, salud pública, pueblos originarios, comunidades sin agua, ciudadanía, afectados por la contaminación.
Bajo el mal gobierno del agua, los afectados son el medio ambiente, las futuras generaciones, los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, las poblaciones afectadas por la contaminación, la sobreexplotación, la discriminación; empresas y ciudadanía cuyos impuestos son mal gastados en megaproyectos caros y de cuestionable valor y por la corrupción.
Bajo el buen gobierno del agua, los afectados serían grandes acaparadores, empresas acostumbradas a contaminar, beneficiarios de concesiones para megaproyectos asignados en licitación, corporaciones corruptoras que operan con impunidad, funcionarios corruptos.
El saldo del mal gobierno del agua es destrucción ambiental, contaminación, enfermedades, costos excesivos, estrés hídrico y energético, inequidad, conflicto.
El saldo en el buen gobierno del agua sería restauración ambiental, agua de calidad para todos, alimentos sanos, mejor salud pública, sustentabilidad hídrica y energética, armonía.
La reforma al artículo 4° constitucional dicta que la Ley General de Aguas tendrá que sentar las bases para que la ciudadanía, junto con los tres niveles de gobierno, logre el acceso equitativo y sustentable al agua.
Ejemplos del mal gobierno del agua en México sobran. En Chihuahua los Menones perforan pozos "clandestinos" en complicidad con la Conagua. En La Laguna es evidente el despojo de aguas ejidales y el sobreconcesionamiento masivo de acuíferos a favor de la cuenca lechera y otras empresas.
En Sonora, una desertificación creciente. En Sinaloa, la minería en la cuenca alta pone en riesgo la agricultura en la cuenca baja.
En el sur y suroriente del país, falta infraestructura hidroagrícola para aumentar la producción de básicos, entre 50 y 100 %.
En Hidalgo, la megaplanta tratadora quita materia orgánica y nutrientes, pero deja los metales pesados.
En Baja California, el Banco del Agua presiona a los ejidatarios para traspasar sus derechos a corporaciones extranjeras y exportadores.
En Michoacán, empresas oscuras adquieren agua para la expansión masiva de huertos de aguacate.
En la península de Yucatán, los agroquímicos contaminan los acuíferos.
La actual Ley de Aguas Nacionales, basada en mecanismos de mercado, cada vez más incongruente, fue promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Su función principal fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en México con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas masivamente en "orden de solicitud" por la Comisión Nacional del Agua, autoridad central sin mecanismos de revisión ni contrapesos.
Por mandato constitucional, ese marco jurídico del agua debe cambiar, ya.
@kardenche
