Debido a la pandemia y a la segunda ola de COVID-19, el FMI prevé que se necesitará incrementar el apoyo fiscal y monetario. (ARCHIVO)
Tanto los Gobiernos de la zona euro como el Banco Central Europeo deberán extender el extraordinario apoyo fiscal y monetario por más tiempo al inicialmente estimado para contener los efectos económicos provocados por las segunda ola de la pandemia de la COVID-19, alertó este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Con la actual segunda ola, las políticas fiscales nacionales probablemente necesitarán ofrecer un apoyo general por más tiempo del inicialmente estimado", indicó el Fondo en su revisión de la economía del euro.
En una rueda de prensa virtual, la directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, aplaudió "la potente" respuesta monetaria del BCE y el estímulo fiscal "sin precedentes" que han ayudado a amortiguar el impacto de la crisis.
Georgieva, no obstante, recalcó que debido a los efectos de la segunda ola, que ha obligado a retomar restricciones de movilidad y confinamientos parciales en la Unión Europea (UE), es importante "no retirar demasiado pronto" el respaldo fiscal.
La Comisión Europea ha congelado las reglas de disciplina fiscal para que los países gasten sin miedo y permitido ayudas a empresas para mantenerlas a flote.
En su evaluación, el organismo reconoció los problemas financieros que podrían encarar las economías más endeudadas de la zona euro, como Portugal, Italia o España de prolongarse una recuperación más lenta de lo esperado.
"Para algunos países con niveles de deuda ya elevados, proporcionar el apoyo fiscal necesario y atender a las obligaciones existentes podría generar el riesgo de reacciones adversas del mercado", agregó el informe.
El Fondo pronosticó en octubre una caída de la economía de la zona euro del 8.3 % para este año, con España a la cabeza con la recesión más aguda (-12.8 %) entre sus grandes economías.
Para 2021, la institución prevé un repunte moderado en la zona euro del 5.2 % apoyado en el "enorme e innovador" paquete de recuperación aprobado por la Unión Europea (UE) de 750,000 millones de euros.
