Después de un largo y tortuoso camino finalmente llegó al país la regulación de la marihuana. México se suma a Uruguay y Canadá, así como a 15 estados americanos -casi todos partidarios de Biden- en legalizar la marihuana para todo uso en el continente. No es un signo de liberalismo, ni siquiera de apertura de una sociedad proverbialmente conservadora como la mexicana, sino el resultado del trabajo de la sociedad civil que encontró en la Suprema Corte de Justicia una respuesta favorable.
Si se dio el paso, fue gracias a la opinión de expertos que sustentaron la necesidad de abandonar la prohibición. El libro multidisciplinario Marihuana y Salud, escrito por expertos, coordinado diestramente por Juan Ramón de la Fuente (FCE/UNAM, Conacyt, Academia de Medicina, 2016), la batalla legal de interesados que promovieron juicios para que la justicia federal los amparara y la determinación autónoma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al obligar al indolente Congreso mexicano a legislar para regular, lo que el órgano legislativo hizo a regañadientes, además con erratas y tropezones.
En 2015 cuatro personas presentaron un amparo contra disposiciones de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de marihuana. La Ley, según los quejosos, limitaba su derecho a elegir la apariencia, actividad o manera en que desearán proyectar y vivir su vida. Limitaba la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, relacionados con el principio de la dignidad humana. Adujeron que la prohibición de consumir marihuana se basaba en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, el Estado mexicano no había actuado con neutralidad ética.
A este primer paso siguieron otros. La Suprema Corte amparó en cinco ocasiones generando lo que los abogados conocen como jurisprudencia por reiteración. Se determinó que la ley prohibicionista resultaba inconstitucional, por lo que se hizo una declaratoria general de inconstitucionalidad con notificación a la autoridad responsable (Congreso de la Unión) a fin de que modificara la norma general impugnada.
La incapacidad del Congreso de la Unión para atender la orden de la Suprema Corte de Justicia, lo llevó a suplicar prórrogas hasta que finalmente el Congreso está en vías de cumplir. La fecha límite para hacerlo es el 15 de diciembre.
Hay una buena noticia para el sistema político: la autonomía de la Suprema Corte se ha manifestado de manera indiscutible. Ese es el papel que la Constitución le ha asignado y que el pueblo espera: precisar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes con independencia y autonomía. Si en una resolución anterior (consultas populares) el país vio alarmado cómo la Suprema Corte se había ceñido a los intereses del presidente, en esta ocasión tuvo como faro la Constitución, a pesar del evidente desinterés del presidente y del Congreso por la marihuana. Congreso y ejecutivo federal no han podido dejar a un lado el desinformado estigma sobre el cannabis.
El asunto no está concluido todavía, está demostrado que es mejor reglamentar que prohibir. El diablo siempre está presente en los detalles. Falta la parte más complicada como es la reglamentación administrativa El asunto de la marihuana parece trivial, no obstante, está en juego la salud de millones, pues si bien está ampliamente demostrado que el uso de la marihuana es menos pernicioso que el tabaco o el alcohol, no es una sustancia inocua. Se trata de una droga, adictiva, peligrosa. Hay riesgos que correr, hay jóvenes y niños que proteger, hay consideraciones de política exterior, hay una lucha contra el narcotráfico con perspectivas diferentes, hay una oportunidad de ingresos para el Estado, hay que diseñar una nueva política contra las drogas, hay finalmente trabajo por hacer.
El trabajo corresponde a la Secretaría de Salud, lamentablemente el patito feo de la presente administración.
