Hablar de desapariciones es hablar de crimen organizado.
Uno de los principales objetivos del actual gobierno es acabar con las desapariciones. Así lo dijeron autoridades federales el 24 de marzo de 2019, cuando reinstalaron el Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, pero a casi dos años de esa promesa, la meta no se ha cumplido.
Hablar de desapariciones en México también es hablar de crimen organizado y las disputas entre bandas delictivas. Esto lo saben bien las familias de Guanajuato y Jalisco, entidades federativas donde este crimen se ha concentrado en los últimos dos años y donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL).
Patricia Barrón relata cómo el 1 de junio de 2019 en Irapuato, Guanajuato, un comando armado compuesto por seis hombres se llevó en dos camionetas a su hijo de 17 años, Kevin Damián Martínez Barrón, y a su pareja de 35 años, Juan Rodríguez.
Los criminales, quienes dijeron pertenecer al CJNG, se pusieron en contacto con Patricia para pedirle un rescate, y aunque ella entregó el dinero prometido, sus familiares nunca volvieron.
"En Guanajuato hay puntos rojos bien ubicados donde las autoridades no hacen nada, mientras nosotros estamos desesperadas", comenta Patricia.
Los guanajuatenses no sólo viven un terror por las desapariciones, también saben que caminan sobre los muertos que ha dejado la rivalidad entre el CJNG y el CSRL. A finales de octubre, Patricia y otros colectivos de víctimas encontraron una fosa clandestina con 77 cuerpos en el municipio de Salvatierra.
Pero antes de eso habían encontrado más cuerpos en un lugar llamado La Presa del Conejo, en Irapuato; en la Cañada de Caracheo, en Cortázar, en Acámbaro y Yuriria. Además, los integrantes del colectivo Una Luz en mi Camino, al que pertenece Patricia, dicen tener identificados al menos otros 25 puntos.
