Se acerca el plazo para que la Oficina del Censo de Estados Unidos entregue los números del recuento, que son utilizados para dividir los escaños del Congreso, pero probablemente no logre cumplir con la fecha límite de fin de año. (ARCHIVO)
Se acerca el plazo para que la Oficina del Censo de Estados Unidos entregue los números del recuento, que son utilizados para dividir los escaños del Congreso, pero probablemente no logre cumplir con la fecha límite de fin de año.
El gobierno del presidente saliente Donald Trump aún no ha entregado documentos que muestren cómo está procesando los datos en medio de un cronograma reducido por la pandemia, según una coalición de alcaldías y grupos de derechos civiles que demandaron al gobierno de Trump por haber acortado el tiempo para efectuar el censo.
La coalición, que trata de evaluar la precisión del recuento de personas de la nación en 2020, dice que los abogados del Departamento de Justicia se han resistido a entregar los documentos solicitados. Los abogados de la administración Trump dicen que ya entregaron una gran cantidad de documentos, y que no pueden entregar otros que son de naturaleza delicada.
La demanda en un tribunal federal en San José, California, fue presentada originalmente por la coalición para evitar que el censo terminara temprano. Alega que un recuento reducido de personas causaría que las comunidades de minorías no sean contabilizadas adecuadamente y que por lo tanto no sean representadas adecuadamente en el Congreso. Asimismo, el censo ayuda a determinar cómo se hará la distribución de 1.5 billones de dólares en gastos federales.
La Oficina del Censo le dio a su equipo estadístico solo la mitad del tiempo originalmente planeado para procesar los números, un período de tiempo que los críticos dicen que es demasiado corto para hacer un trabajo adecuado, especialmente dados los obstáculos creados por la pandemia.
Los abogados del gobierno de Trump han dicho en documentos judiciales que ya entregaron una gran cantidad de documentos. Revelar otros obstaculizaría las discusiones francas durante la toma de decisiones si los participantes temieran su divulgación pública y podrían violar el privilegio abogado-cliente, según los abogados del Departamento de Justicia que representan a la Oficina del Censo y al Departamento de Comercio (DOC), que supervisa la agencia de estadística.
“Esta falta de franqueza afectaría gravemente la capacidad del DOC y de la Oficina del Censo para fomentar las discusiones internas directas necesarias para una toma de decisiones eficiente y adecuada del Poder Ejecutivo relacionadas con el Censo o sobre cualquier otro asunto”, alegó en documentos judiciales Megan Heller, una abogada del Departamento de Comercio.
