En los primeros meses de 2015, no recuerdo la fecha exacta, un amigo que se había hecho cargo de los gastos y de hospedar en su casa a un grupo de padres y compañeros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa me invitó a desayunar con ellos. Ahí, en casa de este empresario tapatío de los que no hay muchos, los jóvenes nos narraron con terrible lujo de detalle cómo miembros del Ejército Mexicano había llegado al hospital al que ellos se habían trasladado en busca de ayuda para un compañero herido de un balazo en la boca. Los médicos dudaban si atender al joven que, temían, podría morir en sus manos. Los miembros del Ejército lejos de ayudar golpearon a culatazos a los acompañantes y luego de cerciorarse de la identidad del herido se retiraron. Los jóvenes y los padres insistían, en aquellos días, en la necesidad de que se les dejara entrar al cuartel para avanzar en las investigaciones o al menos que se obligara al Ejército a entregar las bitácoras.
La versión del testigo protegido "Juan", que deberá ser corroborada con investigaciones de la fiscalía especial, demuestran lo que los padres y compañeros sospechaban, sabían, desde hace seis años: los verdes estaban metidos en el enjuague. Hay que reconocer que la Fiscalía especial para el caso no se quedó con la versión fabricada por el gobierno de Peña Nieto, la verdad histórica de Murillo Karam, aquel que se cansó de tanto mentir. La pregunta es qué tratamiento le dará el presidente López Obrador que se verá atrapado entre uno de sus compromisos más sensibles, esclarecer lo que sucedió en aquella fatídica noche de Iguala y llevar al banquillo de los acusados a su principal aliado en el Gobierno, el Ejército mexicano.
Por supuesto que la acción de unos militares no mancha a toda la institución, pero si hay un lugar donde la tropa no se manda sola, justamente es en las fuerzas armadas. Lo que pasó aquella noche en las instalaciones de 27 Batallón de Infantería debió haber sido informado al jefe de la XXXV Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, hoy director el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, y éste a su vez al general secretario de la Defensa Nacional, el hoy tan de mencionado Salvador Cienfuegos Zepeda. Si no les informaron, los generales pueden salvar la cara, pero dejan muy mal parada a la institución que representan; si fueron informados, supieron de las atrocidades que habían sucedido en las instalaciones militares y lo ocultaron, se trata de un delito mayor.
El presidente está ante una de esas encrucijadas en las que para donde se mueva se moja, pero si alguien es hábil para este tipo de situaciones es él. Es cierto que el Gobierno de López Obrador depende cada vez más del Ejército, pero los militares a su vez están cada vez más encumbrados y acostumbrados a los negocios que les da el presidente. La pregunta entonces es quién tiene agarrado a quién.
