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¿Enfrentaremos en México, a tiempo, la emergencia climática?

JORGE ALVAREZ FUENTES

El tiempo apremia para que la humanidad enfrente con éxito la emergencia climática. No podemos esperar más. No sólo tienen responsabilidad los gobiernos; también las empresas, medios de comunicación, organizaciones, la sociedad en su conjunto y los ciudadanos deben hacer suya la agenda más importante, urgente, ambiciosa y decisiva. La nueva administración estadounidense y la Unión Europea lo tienen perfectamente claro. El presidente Biden anunció que Estados Unidos convocara a una cumbre de líderes el 22 de abril, coincidiendo con el quinto aniversario del Acuerdo de París, compromiso multilateral al que nuestro vecino y socio comercial ha regresado. El anuncio se suma a una serie de decisiones ejecutivas destinadas a combatir frontalmente el cambio climático, incluida la suspensión de nuevos arrendamientos para extracción de petróleo y gas en tierras federales, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y un conjunto de políticas públicas asentadas en compromisos ecológicos firmes y amplios. El objetivo es eliminar a cero las emisiones provenientes de los combustibles fósiles en el sector energético para 2035, y para toda la economía estadounidense en 2050, impulsando el crecimiento sostenible con base en el desarrollo acelerado de los mercados de energía solar, eólica, fotovoltaica, entre otras fuentes alternativas, disminuyendo así su dependencia del petróleo y el gas, avanzando asertivamente hacia un cambio de paradigma, basado en la innovación. Las principales empresas automotrices en el mundo ya han trazado una ruta para fabricar exclusivamente automóviles eléctricos para 2035.

El Acuerdo Verde Europeo tiene como objetivo reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr la neutralidad total del carbono en 2050. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en Glasgow, en noviembre próximo, no será una reunión para que los países confirmen sus compromisos, sino para ampliarlos y fortalecerlos. No se trata de una cita internacional más, un encuentro para refrendar o hacer promesas de reducciones, sino una ocasión impostergable para asumir más compromisos diferenciados verificables y emprender acciones en un menor tiempo. Es evidente que Estados Unidos y Europa pondrán todo su peso económico y sus relaciones comerciales, su accionar diplomático y su capacidad para presionar políticamente a países y regiones, para que aquellos actúen de inmediato ante la emergencia, principalmente sus socios, y que éstas modifiquen sus trayectorias, a fin de que, sin demora, todos los Estados afronten de manera eficaz y consecuente, las responsabilidades diferenciadas que les corresponde, frente al mayor desafío global. La competitividad y viabilidad de las naciones, con todas sus diferencias, estará cifrada en los genuinos esfuerzos de desarrollo sustentable, en la aplicación de los avances científicos y en la innovación.

¿Cuál es la visión que se tiene hoy en México? ¿Qué acciones se han emprendido en los dos últimos años? ¿Estamos dispuestos y preparados, en los hechos, no en los discursos, a enfrentar nuestras obligaciones y acabar con las emisiones mortales de carbono? ¿Seremos capaces de cumplir con los compromisos contraídos y asumir otros nuevos? Las evidencias indican que mientras las energías renovables avanzan en el mundo, las decisiones políticas del gobierno mexicano, de corte soberanista, van en sentido contrario, cuestionando la conveniencia de impulsarlas, creyendo que la generación a base de combustibles fósiles es lo que mejor conviene al sistema eléctrico nacional. El llamado decreto Nahle, eje directriz de la política energética, cuya controversia debiera resolver hoy la Suprema Corte, les ha puesto un alto mediante la contención administrativa y regulatoria, desincentivando inversiones nacionales y extranjeras. Otra señal ominosa es la reciente iniciativa preferente, presentada por el Presidente López Obrador, al reanudarse el último periodo ordinario de sesiones del Congreso, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, la cual resulta contraria a los compromisos contraídos en el T-MEC y contenidos en otros tratados de libre comercio, al atentar en contra la competencia y libre concurrencia, en aras de un supuesto rescate de la CFE, lo que presagia estragos ambientales adicionales, confirmando que el país va en la ruta contraria del combate al cambio climático. Esto es un colosal despropósito, siendo México un país con condiciones particularmente favorables para combinar energías verdes y fósiles. Nuestro país no cumplirá con los modestos compromisos de reducción de emisiones planteados en 2015, ratificados, apenas el mes pasado, por la misma cantidad. Teniendo compromisos internacionales adquiridos, el Estado mexicano, de facto, está dilapidando el prestigio internacional de años de actuación congruente, habiéndose apartado de los objetivos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, lo que imposibilitará que, en el 2024, la generación de energía eléctrica provenga, en un 35 %, de energías limpias.

No debe sorprendernos pues, sino alentarnos, que un grupo de 15 jóvenes estudiantes haya presentado desde septiembre pasado una demanda de amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa para exigir que el gobierno federal publique los reglamentos y adopte las políticas públicas para cumplir con las disposiciones y lleve a cabo la correcta aplicación de dicha Ley General, argumentando que la emergencia climática pone en peligro la seguridad alimentaria, la salud pública, el acceso al agua y vulnera los derechos fundamentales de millones de mexicanos. México está entre los 10 países que generan, cada año, el 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (el 1. 6%). Asunto que nos compete a todos. Volveremos sobre las acciones emprendidas en algunas industrias, estados y universidades.

@JAlvarezFuentes

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Escrito en: Editorial Jorge Álvarez Fuentes

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