La iniciativa enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, para dar marcha atrás a la reforma energética aprobada en el sexenio de Peña Nieto, es el capítulo más reciente de una lucha sostenida en nuestro país desde hace al menos cien años, por mantener la rectoría estratégica de la economía nacional en manos del Estado, que incluye el control sobre los hidrocarburos. En teoría, lo óptimo es que el Estado como representante de la sociedad políticamente organizada, conserve la rectoría económica, pero con la participación pactada con el capital privado, nacional y extranjero, ya que la experiencia indica que el Estado es un mal empresario.
Se dice fácil, pero para sustentar un sistema mixto no basta con aceptar la idea que antecede en forma genérica y en abstracto, sino concretarla de tal modo, que los contratos y concesiones resultantes, no sean fruto de tráfico de influencias de los políticos, ni constituyan un privilegio oligárquico en favor de los inversionistas. Nada fácil. El régimen de la 4T asegura que no está en contra de la inversión privada en el sector energético, pero argumenta que los contratos celebrados bajo el modelo Peña Nieto, enriquecieron de modo ilícito a funcionarios venales y a empresarios sin escrúpulos, en perjuicio patrimonial del pueblo de México.
Hoy día el Presidente pretende fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad y aunque dicha aspiración es legítima en el papel, en la práctica resulta cuestionable a la luz de la situación ancestral de quiebra y de atraso tecnológico en que se encuentran esas empresas paraestatales, debido a la corrupción también histórica de sus respectivas administraciones y sindicatos. En el otro plato de la balanza, la experiencia privatizadora indica que en la búsqueda de consensos para concretar el reparto de contratos en beneficio de los agentes del mercado, cada uno de los empresarios concurrentes acude buscando el padrinazgo de tal o cual grupo político.
Las ambiciones desbordadas y la negativa de sujetarse a un marco institucional por parte de los actores, generan una desconfianza que torna irresoluble el tema energético; durante los gobiernos llamados neoliberales, desde Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón, no se logró consenso, porque una y otra vez se armó un bloque opositor que hizo fracasar cada intento. Fueron muchos años perdidos por falta de acuerdo que culminaron en la reforma de Peña Nieto, que naufragó en el mar de corrupción que caracterizó a su sexenio, como lo demuestra el caso de la empresa Odebrecht, que tejió una red delictiva mundial, que reclutó políticos de muchos países, incluidos algunos mexicanos, del gobierno priísta que presidió Peña Nieto.
El caso Odebrecht demuestra que el esfuerzo por mantener la rectoría del estado en materia energética, corre en paralelo de una pugna por parte de fuerzas nacionales que se disputan el poder y en cuanto a la inversión extranjera, a pesar de que la globalización es una tendencia natural y positiva de integración de la humanidad en su conjunto, en el tema energético abre otro frente de lucha por el poder entre fuerzas políticas locales y otras supranacionales, bajo el impulso de apetitos imperiales. En tal escenario, lo cierto es que las comunidades nacionales, regionales y locales tienen derecho a gobernarse a sí mismas y a reivindicar para su aprovechamiento, los recursos naturales que se encuentren en su territorio.
Después de cien años de discutir el tema en forma obsesiva y estéril, los tropiezos generan la percepción de que ningún sistema funciona a los mexicanos, lo que a su vez lleva a la infausta conclusión de que no tenemos remedio. Debemos dejar atrás esta visión pesimista manteniendo las puertas abiertas a la inversión privada, sin abandonar la lucha contra la corrupción. No hay de otra. Hoy día vivimos un nuevo episodio del conflicto centenario que nos enfrenta en el tema energético y al actual Gobierno Federal corresponde convocar a un gran acuerdo político para resolver el problema de cara al futuro.
El reto consiste en superar nuestra dependencia histórica del sistema texano de generación de energía, que además de contar con un gran activo de combustibles fósiles, produce energía nuclear, solar y eólica y sin embargo, el líder mundial en la materia, en días pasados cayó de rodillas por una contingencia climática imprevisible y el desabasto nos arrastró, dejando al desnudo nuestro desacuerdo nacional centenario y nuestra lamentable dependencia.
