La pandemia por COVID-19 hizo que desde principios del 2020, gobiernos, fundaciones filantrópicas y promotores privados unieran sus esfuerzos económicos en apoyo de centros de investigación y de la industria farmacéutica para encontrar una vacuna contra esta enfermedad y para contar con la infraestructura para producirla.
Esto se tradujo en que los laboratorios farmacéuticos e instituciones involucradas recibieron alrededor de 7 mil millones de Euros en el periodo de abril a noviembre de ese año.
Era de esperarse que si la investigación para lograr las vacunas contra la COVID-19 se ayudó de fondos públicos, la distribución del producto siguiera pautas de equidad, buscando inmunizar paulatinamente a todos los habitantes de este planeta, para que el esfuerzo rindiera la protección necesaria.
Desafortunadamente, atestiguamos que el poder económico de los gobiernos se está imponiendo. Los países ricos han acaparado la mayor parte de las vacunas producidas y lo seguirán haciendo en lo que resta del 2021.
Algunos incluso han aplicado restricciones políticas para impedir que las vacunas producidas en sus territorios se exporten, como es el caso de EU y la región europea. Mientras a los países de menores ingresos las vacunas llegan a cuenta gotas, en el mejor de los casos, convirtiéndose en factor de malestar social.
Los esfuerzos por crear mecanismos internacionales que aseguraran el acceso equitativo a las vacunas tampoco están dando buenos resultados, como en el caso del mecanismo COVAX, creado desde abril de 2020, mediante el cual los gobiernos de muchos países proporcionaron incentivos e inversiones a los fabricantes a fin de que estuvieran listos para producir las dosis necesarias para iniciar la inmunización en países de ingresos bajos sin excluir a los que si pudieran pagar sus dosis. Estamos a fines de febrero y esto no ha ocurrido, con la consecuente protesta de varios gobiernos.
Otro aspecto que resulta discorde es que las pruebas de la fase 3 de varias de las vacunas aprobadas, se realizaron en países de bajos recursos, a los que hoy no les pueden cumplir contratos de compra.
En México se realizó la fase 3 de la alemana Cure-Vac; de la china CanSino; de las estadounidenses Johnson & Johnson, Novavax y Janssen; de la francesa Sanofi Pasteur; de la rusa Sputnik V y de la italiana Rei Thera. Además, desde octubre del año pasado el país ya había acordado la compra de 198 millones de dosis, que no se ve para cuando vayan a llegar.
En América Latina hay dos proyectos que tratan de paliar el limitado acceso a las vacunas: el de Astra-Zeneca-Liomont, liderado por Argentina y México, que pretende producir 333 millones de dosis y distribuirlas en la región, y por otra parte, la vacuna Soberana 02 de Cuba, que, al igual que otras, antes de terminar su fase 3 ya ha iniciado la producción de dosis. Si los gobiernos no promueven anteponer la salud a los beneficios, la humanidad deberá prepararse para un futuro sombrío. Primero, porque la no atención de los contagios en amplias regiones del planeta puede hacer que los contagios sean un riesgo de largo plazo y, segundo, porque esta no será la última pandemia que enfrente la especie humana y valdría la pena ensayar formas solidarias de enfrentarlas. Por ello, bien por la propuesta que los gobiernos de Argentina, Francia y México, harán en el G-20 de universalizar la distribución de las vacunas.
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