El poder de Internet, aquello que lo hace un aliado que ayuda a los dueños de negocios, estudiantes, científicos, emprendedores, grandes industrias y gobiernos, es su capacidad de facilitar la colaboración en una escala global y, por lo tanto, permitirle a las personas innovar a un ritmo más rápido que nunca antes. Internet se ha expandido en las últimas cuatro décadas, abriendo fronteras y haciendo que la tecnología y la información estén más disponibles para todos. Sus propiedades benéficas motivan a millones a mantener y mejorar su utilidad diariamente. Es este trabajo en conjunto el que garantiza que se preserve su verdadero valor y que continúe siendo útil para todos, en todas partes.
La apertura es su característica más importante. Su arquitectura descentralizada y en capas permite que cualquier red se pueda interconectar a esta red de redes común y global. Su diseño original ha permitido que cualquiera pueda construir una porción de Internet y encontrar un socio dispuesto con quién conectar. El único prerrequisito voluntario para ser parte de esta gran colección de redes ha sido seguir los Protocolos de Internet y construir sobre la infraestructura resultante. Y así, Internet debería de servir a todos.
Desde su creación, estuvimos conscientes de que esta apertura debería ser tratada con cuidado y con responsabilidad. De esta conectividad abierta surgió una Comunidad de Internet que considera que la apertura es un factor clave en la gobernanza del Internet. En ese momento, esta comunidad estuvo compuesta principalmente por los mismos ingenieros y técnicos a cargo de operar y mantener los distintos componentes de las redes que conformaban Internet.
Hoy, la Comunidad de Internet es mucho más amplia e involucra gobiernos, negocios, sociedad civil, usuarios, académicos y técnicos representando a todos aquellos que pudieran tener una participación en el ecosistema. La Comunidad de Internet busca abordar las problemáticas de nuestro tiempo, especialmente lidiar con las complejidades en constante evolución del comportamiento humano que se manifiestan en la red.
Sin embargo, hay ejemplos de fragmentación que están surgiendo y que pueden poner en riesgo el valor de Internet y limitar las posibilidades de las personas para crear, innovar y prosperar de la manera en la que la red abierta lo permite. Estos movimientos hiperlocales pueden invadir jurisdicciones extranjeras y no son compatibles con la manera en la que se planeó la operación de Internet. Las políticas nacionales que interfieren con el libre flujo de datos de extremo a extremo a través de Internet son contrarias a su habilidad de facilitar la creatividad a escala global y producir valor económico.
Ejemplos recientes están surgiendo a lo largo de Norteamérica y América Latina que pueden poner en peligro la capacidad de crecimiento del ecosistema local. En México, el 1 de enero entró en efecto una regulación a través de la cual las autoridades fiscales tienen el poder de ordenar a las ISPs a bloquear servicios digitales si no cumplen con los compromisos fiscales. Uno solo puede preguntarse en estos tiempos retadores lo que significaría este bloqueo para los negocios que están operando en la economía digital.
Adicionalmente, nuevos proyectos de ley buscan tratar los servicios de audio y video ofrecidos a través de Internet como servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, requerir que soliciten autorización para operar en México. Asimismo, otro proyecto estipula que las redes sociales relevantes -aunque por la definición tan amplia podría aplicarse a un gran abanico de servicios- también deberían solicitar una autorización similar y someter sus Políticas de Servicio a revisión.
Estos proyectos de ley afectarían la libertad de expresión y los derechos humanos en línea, desacelerando la innovación, aumentando los riesgos de seguridad de los usuarios e irónicamente forzando a los servicios a soportar contenido potencialmente dañino a pesar de su intención de ocuparse de materiales nocivos como discursos de odio, extremismo violento, abuso sexual infantil, entre otros. Requisitos excesivamente restrictivos, como obligaciones de publicación de contenido, políticas "todo-en-uno" de eliminación de contenido y fechas de vencimiento para apelaciones, impedirían el acceso a información legítima, desmotivarían la innovación y frustrarían los esfuerzos para proteger la seguridad de los usuarios. Es preferible aplicar procesos que consideren a todos los actores del ecosistema e instrumentos más flexibles, como mejores prácticas de industria, para llegar a estos objetivos. A lo largo de la historia de Internet, las industrias, los legisladores y la sociedad civil han trabajado en códigos de prácticas y políticas para guiar la conducta apropiada de los usuarios de los servicios en línea. Las leyes nacionales pueden y deben construirse sobre esta base.
Estos esfuerzos, aunque bien intencionados, impactarían en la manera en la que los usuarios locales experimentan Internet y pondrían a las start-ups en desventaja frente a otras en la misma región. Requisitos onerosos para la operación crearían bloqueos artificiales a lo que fuera originalmente una red descentralizada y abierta, por lo que las personas podrían perder la libertad de crear y de aprovechar al máximo el potencial de la colaboración global. Los riesgos de adoptar las nuevas regulaciones incluyen ahuyentar inversiones y talento, poniendo en peligro la recuperación económica post-COVID, así como dar paso a una expansión viral de controles similares en otras jurisdicciones que pudieran acabar limitando la habilidad del público de innovar y ofrecer servicios globales a través de medios digitales.
La única manera de ir hacia adelante y cosechar el valor de Internet es trabajando juntos para encontrar soluciones a los problemas comunes de la conducta humana. La colaboración es lo que permitió el surgimiento de Internet en un inicio y esa es también la manera de forjar un Internet más fuerte y más cohesivo rumbo al futuro.
