Rentería admitió que podrían considerar algunas estrategias para el retorno de clases presenciales en las escuelas públicas. (ARCHIVO)
Mientras los docentes de nivel básico de La Laguna de Coahuila no estén vacunados contra el COVID-19 no se puede hablar de un regreso a clases presenciales, dijo la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Estela Rentería Medina. "Para todos nosotros es una prioridad la vacuna para nuestros maestros para poder hablar de un regreso presencial", dijo.
No obstante, mencionó que si en Coahuila el semáforo de riesgo epidemiológico cambiaba a verde (como ya sucedió), la Secretaría de Educación del estado podría considerar algunas estrategias para el retorno a las escuelas públicas. "Que de hecho los maestros lo han hecho con todo su compromiso, de llevar por ejemplo actividades impresas a las escuelas a los padres de familia que de alumnos que no tienen conectividad, quizá se pudiera visualizar ese tipo de actividades pero no se habla todavía de regreso presencial", apuntó.
A principios de este mes de marzo, la coordinadora señaló que diez mil docentes (sin excepción) de la Región Lagunera podrían recibir la vacuna contra el COVID-19 en caso de que el Gobierno de Coahuila concrete en los próximos meses la firma de un contrato para la adquisición de 1 millón de dosis con doble aplicación para combatir dicha enfermedad,
Indicó que hace unas semanas el secretario de Salud en la entidad, Roberto Bernal Gómez, presentó un proyecto de vacunación por parte del Estado que en caso de cristalizarse permitirá que el magisterio sea uno de los grupos prioritarios en la inoculación. Mencionó que caso contrario, las y los maestros tendrían que esperar y recibir la inmunización conforme a la Política Nacional de Vacunación.
Por otro lado, Rentería Medina dijo que en la actualidad continúan revisando las necesidades que tienen las escuelas, sobre todo porque 300 de ellas fueron seleccionadas para participar en el próximo proceso electoral, con la instalación de casillas. Están revisando que tengan agua potable y energía eléctrica.
También informó que hasta ahora hay 143 instituciones educativas de un total de 600 planteles públicos de la región que han sido víctimas de robos y vandalismo y a esto suma la falta de mantenimiento pues suspendieron actividades desde hace casi más de un año con motivo de la pandemia por el COVID-19.
