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Una prórroga que mancha la reforma judicial

JOSÉ MARÍA SOBERANES DÍEZ

Ayer el Senado aprobó prorrogar la presidencia del ministro Zaldívar casi dos años. Lo hizo sorpresivamente, en un transitorio que no se encontraba en el dictamen de la legislación secundaria de la reforma judicial.

Esa extensión es claramente inconstitucional. El quinto párrafo del artículo 97 de la Constitución dispone que la presidencia de la Suprema Corte dura cuatro años. En una ley el Senado pretende que la presidencia dure casi seis años, hasta que concluye el periodo del ministro Zaldívar en el máximo tribunal. No hay mucho que argumentar sobre la contravención al texto constitucional, pues cuatro y seis son números distintos.

Además, se está violando la división de poderes pues los integrantes de un poder -los legisladores-, estarían quitándole a los integrantes de otro poder -los ministros- una de sus facultades, que es decidir quién los preside, como lo dispone el artículo 97 constitucional.

Hay precedentes en el sentido de que no puede ampliarse el periodo de quién fue nombrado para un cargo tras su elección. Eso fue lo que hizo que se anulara la llamada Ley Bonilla. Ahora se está repitiendo el mismo escenario que repudió la Corte hace unos meses. Claro, se dirá que no es lo mismo un puesto de elección popular que una elección entre los pares. Pero me parece que la analogía puede sostenerse.

La oposición ha anunciado que impugnarán ese transitorio. En ese caso, la propia Suprema Corte tendría que decidir. Sería juez y parte. Tal vez el sujeto de la norma, el ministro Zaldívar, se excuse y no participe en la discusión y votación. Si hace esto, no obstante, interviene de alguna forma en la decisión, pues se necesitan ocho votos para anular una ley. La falta de un ministro siempre suma porque prevalezca la norma que se impugnó. Con eso solo quiero advertir que la prórroga afecta las entrañas mismas del control constitucional.

Pero más allá de la inconstitucionalidad de la norma, y de los vericuetos de su impugnación, el tema de fondo es que el transitorio aprobado ayer por la tarde no ayuda en nada. Una reforma judicial con muchas virtudes queda totalmente manchada. Muchos ya preguntan si el ministro Zaldívar impulsó la reforma por su interés personal más que por el bien del Poder Judicial. Yo no creo que haya sido así, pero será algo que he leído.

Por otra parte, me parece que ese transitorio será un lastre que tendrá que cargar el Poder Judicial. Sus decisiones se verán como pagos a la prórroga. Aunque correctamente decidan que una norma o un acto es constitucional, durante años se dirá que se resolvió en ese sentido como signo de gratitud.

Digo que será una carga al Poder Judicial y no solo a la Suprema Corte, pues la prórroga también involucra a las consejeras y a los consejeros de la judicatura, quienes tienen una incidencia en las y los juzgadores pues son quienes los vigilan y disciplinan, además de que se encargan de su adscripción. La reforma que buscaba fortalecer la independencia judicial, por un transitorio, puede provocar justo el efecto contrario. No sé si pase así en diputados, pero ya está manchada.

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