El gobierno de López Obrador es un régimen mochaderechos. Morena es un partido que cercena, arrebata y rasura conquistas ciudadanas que se fueron ganando con luchas en las calles, en el Congreso, en las cortes. De demócratas tienen muy poco aunque se jacten de ello y la muestra más reciente es la reforma a la Ley de Amparo. Ricardo Monreal se llena la boca de argumentos tramposos sobre cómo van a liberar al país de "la dictadura de la toga", cuando impondrán en realidad una mucho más perniciosa y amenazante a las libertades de todos y todas. La dictadura de autoridades abusivas, la dictadura de leyes anticonstitucionales, la dictadura que dejará a los ciudadanos desamparados. A merced de presidentes autoritarios y legisladores sometidos a la voluntad imperial. La "4T" construye muros cada vez más impermeables alrededor de su Palacio, mientras afuera, nos deja a la intemperie.
Con cada vez menos instrumentos para lograr protegernos de la aplanadora legislativa del partido oficial. Con cada vez menos armas para defendernos del monstruo mataderechos que están incubando. La prisión preventiva oficiosa -que Luisa María Alcalde defiende con tanta enjundia- nos quita el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. La propuesta de destruir al INAI nos quita el derecho a la transparencia y a la protección de datos personales. La eliminación de los albergues para víctimas de la violencia nos quita el derecho a una vida libre de violencia. La devastación ambiental del Tren Maya y la política energética del petronacionalismo nos quita el derecho a un medio ambiente sano. Todos estos son derechos contenidos en la Constitución que la dizque transformación viola un día sí, y el otro también. Y ahora van tras uno de los pocos escudos que podemos alzar, que es el amparo.
El amparo surge para defender derechos humanos. Forma parte de la Carta Magna, y puede conllevar la suspensión del acto reclamado. Si como ciudadana te amparas ante una ley que atropella tus derechos, el juez puede suspenderla mientras se decide si es inconstitucional o no. Pongo un ejemplo. Si un estado decidiera emitir una ley criminalizando el aborto, como mujer podrías exigir que deje de aplicarse mientras se resuelve si lo aprobado cumple con la Constitución. De no obtener una suspensión, podrías acabar en la cárcel junto con otras mujeres que han abortado. Y peor aún, si te amparaste con la intención de proteger a las demás mujeres vulnerables, tu amparo ya no tendría "efectos generales". Ya no serviría como paraguas para cubrir a millones de mujeres en la misma situación que tú. Lo que proponen AMLO/Morena es que el amparo, si te lo otorgan, aplique solo para ti y no puedas ayudar a otras personas en la misma situación.
Así pisotean años de aplicar la reforma constitucional del 2011 que impulsa la progresividad de los derechos humanos. ¿Y la razón? Una venganza política contra jueces que han otorgado amparos a leyes impulsadas por el Presidente, avaladas por la mayoría morenista sin cambiarles una coma. Así el oficialismo busca deshacerse del incómodo contrapeso del Poder Judicial cuando concede amparos con efectos generales, como ocurrió con la Ley de la Industria Eléctrica. Gracias a la intervención política de Arturo Zaldívar, la acción de inconstitucionalidad de esa ley -que contravenía a la Constitución al promover el monopolio de la CFE- no alcanzó 8 votos en la Suprema Corte. Luego los jueces otorgaron una suspensión con efectos generales, frenando la aplicación de la ley y provocando la ira de un Presidente que quisiera gobernar sin división de poderes. A sus anchas.
El gobierno que se dice a favor del pueblo, acabará jodiéndolo. Si se inhiben los efectos generales de una suspensión en cada amparo solicitado, toda persona cuyos derechos son violados tendría que litigar de forma individual. El amparo favorecería a pudientes y a poderosos; perjudicaría a vulnerables y desprotegidos. La justicia se volvería aún más elitista. Litigarían los que tienen dinero, y perderían los que no pueden pagar para defenderse en temas de medio ambiente, derechos de comunidades indígenas, y derechos de las mujeres, entre tantos más. Al atacar la suspensión, la "transformación" revela su objetivo real. Darle más poder a la autoridad y menos poder al ciudadano. Encoger el acceso a la justicia y dejarnos desamparados, con los derechos mochados.
